Estar a lo (aun incorrectamente) decidido

El voto de John Roberts en June Medical Services v. Russo

En un reciente fallo, la Suprema Corte de los Estados Unidos tomó nuevamente una decisión en relación con un tema frente al cual (casi) nadie es indiferente: el aborto. En June Medical Services L.L.C v. Russo (591 US), decidido el 29 de junio de 2020, declaró la inconstitucionalidad de una ley del estado de Louisiana que imponía ciertos requisitos estrictos para la habilitación de profesionales médicos que realicen prácticas que interrumpan el embarazo. Para nuestros fines basta entender que la Corte declaró que la ley atacada era una regulación innecesaria, que tenía el propósito de constituirse en un obstáculo para que las mujeres puedan acceder voluntariamente a un aborto.

En esta oportunidad no tenemos por objeto profundizar en los supuestos que según el derecho norteamericano constituyen una “carga indebida” (undue burden) para ejercer el derecho de las mujeres de interrumpir voluntariamente el embarazo en las primeras semanas de gestación. Lo que nos interesa ahora es otro dato. 

En 2016 (sólo cuatro años antes de este caso), la Corte ya había resuelto un caso referido a una ley de Texas idéntica a la de Louisiana, la que había sido declarada inconstitucional (Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 579 U.S.). Ese caso había sido resuelto con una mayoría de 5-4 con los votos de los cuatro jueces “liberales” más Anthony Kennedy, el conocido juez que actuó como swing vote en muchos casos emblemáticos. Por ejemplo, Kennedy fue quien definió – hacia uno y otro lado – los empates en casos que involucraban derechos de minorías sexuales (Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 de 2015; Boy Scouts of America et al. v. Dale, 530 U.S. 640 de 2000, entre otros)

Ahora, en June Medical, le tocaba a la Corte nuevamente resolver un caso idéntico respecto a la ley de otro estado. Kennedy se jubiló en 2018 y su reemplazante, Bret Kavanaugh, consolidaba “en los papeles” un predominio conservador. Sin embargo, en June Medical los cuatro jueces liberales votaron – como era previsible – a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley de Louisiana, mientras que cuatro de los jueces conservadores – como también era previsible – votaron a favor de la constitucionalidad de la norma. En contra de lo que se pronosticaba, el Chief Justice (presidente de la Corte) John Roberts se unió a la mayoría liberal, por lo que en definitiva la ley de Louisiana fue declarada inconstitucional, tal como había pasado con la de Texas antes. La curiosidad de este último voto, que inclinó la balanza a favor del ala liberal, es que Roberts había votado en 2016 junto a la entonces minoría conservadora (es decir a favor de la validez de la ley de Texas).

Entonces, ¿cuál fue el fundamento de este cambio de postura del Presidente de la Corte? ¿Por qué Roberts iría en contra de la solución que él personalmente consideró correcta hace apenas cuatro años? Textualmente, Roberts en su voto concurrente dijo que “me uní en la disidencia en Whole Woman’s Health y continúo pensando que el caso fue decidido erróneamente”. Sin embargo, concluyó:

El ‘stare decisis’ nos ordena que tratemos a los casos iguales de igual forma. El resultado en este caso está gobernado por nuestra decisión de hace cuatro años que invalidaba una ley casi idéntica de Texas. De acuerdo con los hechos probados que no son claramente erróneos, la ley de Louisiana carga a las mujeres que buscan un aborto en la misma medida que la ley de Texas. Por esta razón, concurro con lo resuelto por la Corte de que la ley de Louisiana es inconstitucional.

El voto de Roberts se basa específicamente en el principio de la obligatoriedad del precedente: el stare decisis. Pero, en un sentido más amplio, el fundamento de su voto – creo – debe buscarse en una concepción del rol de la tarea del juez que adoptó el Chief Justice.

La doctrina de la obligatoriedad del precedente es una característica muy conocida en los sistemas jurídicos de origen inglés y que no tiene un equivalente exacto en el sistema romanista. Esa obligatoriedad reposa sobre el principio satare decisis et quieta non movere, latinismo que significa (aproximada y simplificadamente) “estar a lo decidido”. Esto quiere decir que los jueces deben resolver los casos sometidos a su decisión conforme a lo resuelto en sentencias dictadas en casos semejantes. Ahora bien, cuando uno se encuentra en la instancia última de un sistema judicial – como es el caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos – esa doctrina obliga al tribunal a seguir sus precedentes hasta que este expresamente revierta (o derogue) jurisprudencialmente la norma que también había sido creada o declarada jurisprudencialmente. Esta facultad de overruling es utilizada con cierta frecuencia por la Suprema Corte norteamericana, lo que hace que – respecto a sus propios fallos – siga una versión flexible del stare decisis.

Con estos elementos, uno podría entender que la invocación aislada de la obligatoriedad del precedente es insuficiente para tomar una decisión como la de Roberts: la Suprema Corte (con el voto decisivo de su presidente) tenía la posibilidad cierta de modificar una regla jurisprudencial que el mismo tribunal había adoptado antes. Es necesario entonces enmarcar la cuestión en un abordaje más amplio y analizarla desde un punto de vista político-institucional.

El stare decisis no debe ser visto únicamente como un recurso técnico para identificar la solución que provee el sistema jurídico a los casos particulares. También es entendido en los países anglosajones como un componente central del estado de derecho: el derecho debe ser conocido y debe aplicarse de igual forma en todos los casos que tengan propiedades similares. Roberts es consciente de ello en su voto. No es inocente el hecho de que cite a los más clásicos autores ingleses y americanos (Blackstone, Burke, Hamilton) para justificar la necesidad de que el derecho sea estable y que no sea susceptible de vacilaciones con las opiniones de cada nuevo juez. La adhesión al precedente evitaría así la discreción arbitraria de los jueces y diferenciaría el método judicial de los métodos políticos y legislativos de toma de decisiones. Entiende también que el respeto al precedente, el honrar las decisiones anteriores, promueve la predictibilidad y el desarrollo consistente de los principios jurídicos, tratando que el derecho no cambie erráticamente.

Estos mecanismos tienden dotar al derecho de cierta estabilidad y seguridad, por lo que adquieren mayor importancia cuando los jueces se encuentran frente a las espinosas cuestiones que vinculan al derecho con la moral y la política. En los Estados Unidos (como en otros lados) la influencia de la política partidaria en el Poder Judicial, y en especial en la Suprema Corte, es un tema central. En este sentido, es sugestivo que todas las decisiones del tribunal se analicen en primer término en relación con la forma en que votaron los jueces “liberales” y los jueces “conservadores” (tal como se hizo al comienzo de este artículo), lo que suele coincidir aproximadamente con demócratas y republicanos, respectivamente. En este contexto adquiere relevancia el rol que juega el swing vote. Desde que se retiró Anthony Kennedy, muchos analistas han entendido que es ahora John Roberts quien va a asumir ese papel de “centro ideológico”. En este caso puede ser entendido como el elemento que despolitiza o “despartidiza” la Corte en temas sensibles. Parecería ser una defensa del tribunal en contra de estrategias procesales que se limitan a especular con las orientaciones políticas de sus nuevos miembros, en lugar de acercar nuevos argumentos jurídicamente relevantes.

Por supuesto, en casos donde se involucran cuestiones vinculadas al aborto, es especialmente significativo el análisis de las tensiones ideológicas hacia el interior de la Corte. Es que cada caso que busque derogar (o limitar) las reglas sentadas en fallos emblemáticos como Roe v. Wade de 1976 (410 U.S. 113) y Planned Parenthood v. Casey de 1992 (505 U.S. 833), es interpretada por los liberales como un ataque de los conservadores contra de los derechos de las mujeres. Debe tenerse presente además que este es un tema directamente presente en las campañas políticas. De hecho, una de las promesas de campaña de Donald Trump fue precisamente designar jueces pro-life.

La importancia del voto de Roberts en June Medical – más allá del tema específico del derecho al aborto – es el reconocimiento de la función de la Corte de aplicar el derecho vigente, aun cuando la solución pueda valorarse como incorrecta. Los casos constitucionales son complejos y Roberts tenía una decisión difícil: resolvía de acuerdo con lo que él consideraba como la solución jurídicamente correcta (su opinión minoritaria de 2016), o resolvía conforme al derecho vigente (la regla sentada por la mayoría de la Corte en 2016). El hecho de que la norma jurisprudencial vigente, es decir la regla de Whole Woman’s Health, tenga apenas cuatro años, llevaría a entender que el Chief Justice privilegió el respeto a la norma ya establecida frente a la variación drástica del derecho. Es un caso extremo de la Corte sometiéndose a sus propias decisiones. Aun reconociendo que el principio del stare decisis no es inexorable, no es mecánico, sino que es pragmático y dependiente del contexto, – en palabras de Roberts – “para que precedente signifique algo, la doctrina solo debe ser dejada de lado cuando existe un fundamento que vaya más allá de si el caso fue decidido correctamente”.

John Roberts es conocido por ser conservador, católico practicante, con posiciones a favor de mayores restricciones para la práctica del aborto. Es más, esta es la primera vez que vota junto a sus colegas liberales en un caso de este tipo. Paradójicamente, parte de una decisión conservadora, el respeto por el derecho vigente, pero que tiene resultados políticos claramente liberales. Joane Biskupic, biógrafa de Roberts, lo define como un enigma, sugiriendo que está influido por dos intereses en conflicto: uno ideológico y el otro institucional. Mientras que el primero implica el deseo de mover la Corte hacia la “derecha” en temas religiosos, sociales y de minorías; el segundo lo impulsa a buscar la respetabilidad de la Corte y que sea vista como apartidaria. En su voto en June Medical parece que primó esta segunda pulsión.

Las implicancias de esta postura todavía no están del todo claras. Por el momento Roberts se convierte en un actor con mucho poder al reunir en su persona la posición de presidente y voto decisivo de la Corte en temas moral y políticamente tan sensibles. Pero a la vez, en June Medical hay un indicio fuerte de la intención de posicionar al tribunal por fuera de la política partidaria y evitar que se convierta en una tribuna que simplemente reproduzca los debates que se llevan a cabo en el Congreso y en la Casa Blanca.

En sistemas jurídicos como el argentino por supuesto que no existe algo así como el stare decisis. Sin embargo, casos extremos como este, en el cual un juez tiene el poder de crear una norma que se amolde a su concepción de lo correcto y aun así opte por no hacerlo fundado en una concepción más trascendental del estado de derecho, nos llama a la reflexión. Nos obliga a pensar en las prácticas de nuestros jueces cuando se enfrentan a la necesidad de aplicar derecho vigente que consideran incorrecto; pero también plantea la importancia de establecer ciertos niveles de certeza del derecho para que no se vea afectado por los vaivenes del debate político.

Bruno Ovejero Silva

Universidad Nacional de Tucumán

Universidad de San Pablo, Tucumán