De la unidad a la unanimidad

“Constituir la unión nacional” fue uno de los propósitos de los constituyentes de 1853. “Asegurar los beneficios de la libertad… para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino” calificaba esa unidad, de matriz liberal y respetuosa de la pluralidad. ¿Hemos logrado construirla desde entonces?

En cierto sentido sí, pues la Argentina es una nación, una comunidad política unida por muchos tipos de vínculos. Pero a la vez, en esa larga marcha hemos vivido encarnizadamente divididos, desde los unitarios y federales hasta los dos bandos que—según se repite cotidianamente—conviven hoy a ambos lados de la grieta. Como ocurre habitualmente en la historia, ambas cosas pueden ser ciertas, sobre todo cuando la aspiración a la unidad se convierte en imposición de la unanimidad.

En la joven república, aún sin nación, la primera idea de unidad surgió con la Generación de 1837, que vivió en el fragor de las guerras civiles. Convencida de que su origen se encontraba en una empecinada división doctrinaria en el seno de las elites letradas y pensantes, se propuso superar las diferencias y conciliarlas en una nueva creencia. El Dogma, que redactaron Echeverría y Alberdi, debía fusionar “todas las doctrinas progresivas en un centro unitario”, cuya referencia se encontraba en los orígenes, en la nación formada en Mayo de 1810.

Nacía así el mito—virtuoso pero mito al fin—de la “nación preexistente”, cuya historia escribió Bartolomé Mitre; la historia de una nación con dos raíces, una romántica, del pueblo, el volk, y otra liberal, de su institucionalidad. Pese a vivir en un tiempo de fuertes luchas políticas, de debates y de facciones, Mitre compartió la fe de Echeverría y la Joven Generación en la unidad ideológica y la armonía social, que se expresarían en “un partido gubernamental, que se ramifica en toda la sociedad, que absorbe todos los intereses, que encuentra todas las simpatías, que domina todas las resistencias”. Un texto que sonaría inquietante si no lo suscribiera el ilustre jefe del Partido de la Libertad.

Cuando el Estado nacional logró afirmarse, debió enfrentar nuevos desafíos—establecer el orden, asimilar la inmigración, atender a las demandas de sufragio limpio—que resolvió con un espíritu similar al de Mitre: una fuerte intervención estatal para impulsar la educación, la argentinización y la reforma política.

Con la “era aluvial”, se inició un giro importante en las elites, cuyos orígenes estudió Lilia Ana Bertoni. Ya en el Centenario, época de ideas marcadamente pesimistas, se afirmó la existencia de una nación verdadera, es decir homogénea, como la de los alemanes, que en realidad no lo era tanto. Surgió así un nuevo mito: el Ser Nacional, de realidad contundente pero de naturaleza imprecisa y controvertida, que entre los intelectuales dio lugar a apasionantes discusiones sobre la lengua, la raza y la historia. Las querellas persisten hasta la actualidad, y hace poco un gobierno se puso como objetivo coordinar el Pensamiento Nacional.

El debate se profundizó cuando algunos actores institucionales fuertes, con capacidad para incidir en el Estado, tomaron la palabra y trazaron los nuevos parámetros de la nacionalidad.

En primer lugar el Ejército, responsable de velar por la integridad del territorio, que gradualmente extendió esa responsabilidad a “los valores esenciales de nuestra nacionalidad”, frecuentemente descuidados por políticos y gobiernos. El territorio permitió construir una versión sólida y tangible del mito nacional. Había una tierra que siempre fue Argentina, esencial e irrenunciable. Velar por ella—siempre amenazada por vecinos voraces—y por los valores nacionales—puestos en cuestión por oscuras fuerzas subversivas— legitimó su lugar como gran enunciador de la Nación y su unidad, con la potestad—como Dios en el Juicio Final—de separar lo auténticamente nacional de lo que no lo era.

El mismo papel se asignó por entonces la Iglesia. Revitalizada por la doctrina papal de la lucha contra la modernidad, se lanzó en todo Occidente a la “recristianización”: la reconquista espiritual de una sociedad secularizada. Para esta Iglesia triunfante, la Argentina era una “Nación Católica”, una comunidad cuyos legítimos integrantes eran católicos, aunque hubiera otros grupos, con ciudadanía argentina pero no plenamente argentinos. Algo así como los metecos atenienses.

Iglesia y Ejército no compitieron. Según demostró Loris Zanatta, aquella colonizó espiritualmente al Ejército, barrió con toda su tradición liberal y lo convirtió en el brazo armado de la Cruzados lanzada a la conquista del Estado que impondría la unidad en la fe. “Cristo vence, Cristo impera” era algo más que una consigna. Eso hicieron en 1943, y otra vez—mutatis mutandis—en 1966 y en 1976. En cada caso se introdujeron cambios importantes en desmedro de la tradición liberal. Per nunca lograron un triunfo total, pues se interpuso la democracia.

Con la Ley Sáenz Peña comenzó la era de la democracia de masas y se consolidó un nuevo mito unificador: el pueblo nacional. Las versiones iniciales—la del radicalismo yrigoyenista y la del primer gobierno peronista—fueron vigorosamente democráticas pero escasamente liberales y pluralistas. Yrigoyen identificó la “causa radical” con la “nacional”, y Perón, en la misma línea, la “doctrina peronista” con la “doctrina nacional”. Ambos pensaron en un pueblo unánime, un verdadero volk, que se expresaba plebiscitariamente, aclamando a su líder e intérprete. Ambos descreyeron, en alguna medida, de la institucionalidad republicana y sobre todo de la división de poderes. Yrigoyen fue un gran defensor de la Constitución, pero se tomaba algunas licencias. Perón en cambio, recogió las experiencias de los totalitarismos de posguerra, aunque solo las plasmó en parte en la Constitución de 1949.

Con esto ya están planteados los elementos que explican nuestra historia ideológica, constitucional y política hasta hoy mismo, salvo quizá la oleada revolucionaria de los años setenta y su represión. Pero los dos bandos de aquella lucha encarnizada tuvieron una voluntad de reconstrucción de la unidad social, exorcizando el pecado mediante la violencia sacrificial, un tema del que nos ocuparemos en otro momento.

No puede negarse que la exhortación a la unidad del preámbulo de 1853 ha tenido eco hasta nuestros días. Unos y otros se han esforzado por imponerla, velis nolis. Su resultado fue paradójico: tanta unificación impuesta no hizo sino abrir una grieta superficial, que habla de fracturas aún mayores en sus profundidades.

Es que, como se advierte fácilmente, no se trató de aquella unidad de matriz liberal, fundada en la coexistencia de la pluralidad, sino de la unificación excluyente, el unanimismo, impuesto por el Estado y legitimado por una democracia entendida como la voluntad de la mayoría. La experiencia de 1983 fue, desde esta perspectiva, absolutamente excepcional, pues se fundó en el Estado de derecho, la institucionalidad republicana y el pluralismo, es decir la valoración de la pluralidad. No es extraño que, tres décadas después, solo ha quedado de ella el esqueleto.

¿Qué hacer? El unanimismo es ya un rasgo cultural, y removerlo exige un esfuerzo tan largo y sostenido como el que llevó a su consolidación. Entre el conjunto de factores confluyentes se encuentra la idea de que los argentinos tienen de su historia y su pasado, su sentido común histórico, su doxa, construidos en la matriz unanimista proveniente del nacionalismo, el revisionismo histórico y el “setentismo”. Nuestra sociedad necesitaría algo como una terapia psicoanalítica. Los historiadores profesionales podemos hacer algún aporte al respecto (continuará).

Luis Alberto Romero