El rechazo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo generó discusiones sobre el rol del Senado. En particular, algunos sectores cuestionaron que la decisión de los representantes del pueblo fuera rechazada por un órgano que no representaba a los ciudadanos sino a las Provincias; un órgano en el cual aquellos estados menos poblados (muchos de ellos conservadores) se encuentran sistemáticamente sobre-representados.
Para qué negar lo innegable: el Senado no representa ni busca representar a la población. Su objetivo es, por el contrario, garantizar los intereses de las provincias (en especial las pequeñas) frente a las decisiones del gobierno central que pudieran afectarlas. Lo central en el Senado no es la voluntad de los argentinos como un todo, sino la de cada una de las comunidades provinciales, puestas en pie de igualdad. Entendido de esta manera, parece al menos contraintuitivo que un órgano de estas características decida la suerte de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo. ¿Por qué las provincias pueden bloquear el reconocimiento de lo que los representantes del pueblo pocas semanas antes habían considerado un derecho? ¿Por qué aceptar un sistema en el que las provincias tienen más peso que los ciudadanos? Así presentada la discusión sería incluso posible sostener que la culpa de que la Ley no haya sido aprobada es del federalismo.
Sin embargo, si nos detenemos un momento a considerar la cuestión, es posible llegar a la conclusión contraria. La culpa no es del federalismo, sino más bien de la decisión más unitaria que adoptaron nuestros constituyentes: la de centralizar el dictado de la legislación de fondo. En efecto, a diferencia de la mayoría de los países federales, nuestra legislación civil, comercial, penal, laboral, y minera es establecida por el Congreso Nacional. Esta centralización fue justificada argumentando la conveniencia de unificar la legislación, simplificar el tráfico comercial y aprovechar las economías de escalas que estos códigos unificados seguramente generarían.
Por la conveniencia de tener códigos iguales en todas las provincias que componen la federación, anulamos la capacidad de cada una de ellas de decidir sobre la legislación que mejor representa las particularidades de sus regiones y las preferencias de sus ciudadanos. Así, en pos de simplificar el tráfico dejamos de lado una de las principales ventajas del federalismo: permitir que comunidades diversas convivan en un mismo país sin dejar de lado sus particularidades.
Es entonces este acto de centralización lo que lleva a que, necesariamente, haya que reconocérseles a las provincias la posibilidad de votar, o si se quiere vetar, la legislación penal nacional. En un país federal típico la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no se hubiera debatido en el Congreso Nacional sino en las legislaturas provinciales. Esta alternativa hubiera permitido que cada provincia adoptara la posición que mejor refleje los intereses de sus ciudadanos y hubiera evitado que las posiciones conservadoras de algunas provincias vetaran una decisión que contaba con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no fue rechazada por culpa del federalismo, sino porque nuestra constitución no es lo suficientemente federal.
Florencia Saulino
Profesora de Derecho. Universidad de San Andrés.
