Desprolijidades

La saga de la contienda Gobierno vs Corte tuvo ayer otro episodio desafortunado. Después de los dimes y diretes sobre la renuncia de Lorenzetti a la Presidencia de la Corte para el período 2016-2019, el Centro de Información Judicial emitió el siguiente comunicado: «La Corte Suprema de Justicia de  la Nación comunica que, ante versiones publicadas en el día de la fecha, ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015.» Aparentemente fue el punto final de un episodio que había comenzado en la mañana del lunes, había tomado estado público a través de una presunta carta de Lorenzetti a Verbitsky y había sido confirmada por varias fuentes cortesanas. En el medio, operaciones políticas -v.gr: la preparación de un juicio político a Carlos S. Fayt – y una gran cuota de incertidumbre debido al viaje que ayer mismo debía emprender el Presidente de la Corte Suprema y que dilataría la decisión hasta el Acuerdo del próximo martes 12 de mayo. En ese contexto, en el que el ánimo del omnipresente Boca-River que estamos viviendo estas semanas se traslada a las relaciones Ejecutivo- Corte Suprema, es difícil concentrarse en hablar desapasionadamente de los estilos de juego. Prima hoy el resultadismo del hincha que sostiene que un gol en el último minuto con la uña del dedo gordo del pie izquierdo, vale igualmente los tres puntos o una clasificación. Pero eso, lo sabemos bien, es pan para hoy y hambre para mañana.

Porque las instituciones no admiten una visión resultadista. La esencia de la institución como conformadora de la vida social y del discurso público nos hace ser quienes somos como Nación. Su modo de ser, su identidad, es lo que moldea nuestro devenir público y la solución de los problemas que nos aquejan, en el día a día. De eso se trata, por ejemplo, la seguridad jurídica, que no se agota en una declaración legal sino que se edifica cotidianamente en la sensación de que las leyes y las normas valen. Lo mismo sucede con la credibilidad que tienen nuestros tribunales, esa legitimidad entendida como «la percepción o suposición generalizada de que las acciones de una entidad son deseables, correctas o apropiadas dentro de un sistema socialmente construido de normas, creencias y definiciones” (cf. Pensar la legitimidad I). Esa construcción es la que nos hace ser quienes somos y lleva a cabo los designios constitucionales de implementar los derechos allí reconocidos. Por esa razón -y aquí sí la comparación con el fútbol es fructífera- las buenas instituciones, trabajadas en las prácticas que las constituyen como tales, son las que llevan a los resultados óptimos. Podríamos decir, más bien, son ellas mismas un resultado óptimo.  Nuestro foco, en Todo sobre la Corte, está aquí, estos son nuestros anteojos. Nos negamos a ponernos en una u otra tribuna, no por falta de compromiso o pasión, sino porque consideramos que es necesario que, a los que están en la tribuna, alguien les diga como se está jugando el partido.  Porque, cuando a nuestro equipo le va mal, después de desgañitarnos en la cancha, ¿no nos interesa saber el por qué?

Dicho esto -y perdón por la perorata- tenemos que coincidir con algo que escribe hoy Irina Hauser en Página 12: el comunicado de ayer es el coletazo final de una serie de informaciones que «desafía el sentido común». No es el primer ni último comunicado que va a sacar la Corte Suprema (aquí, por ejemplo, analizábamos el que emitió en el caso Bisordi) pero es notable que el mismo no tenga el sustento de un documento firmado por los Ministros y que sea emitido de modo impersonal, en la página del Centro de Información Judicial. La Corte Suprema, presidida por Lorenzetti, ha tenido como uno de sus estandartes la comunicación judicial y el CIJ es justamente uno de sus productos más notables. En este caso, huelga decirlo, se ha quedado corta. La sociedad requería una explicación mayor, un cierre -si es que lo es verdaderamente- de las distintas versiones circulantes. Este comunicado es un eslabón más de una cadena que comenzó con la Acordada 11/15, en la que no se adujeron razones para la elección anticipada de Lorenzetti como Presidente para el período 2016-2019, y que sigue ahora, con la nota común de la falta de explicaciones, aún cuando el embrollo haya sido generado por ella misma -al menos si la versión de la carta a Verbitsly es verdadera-. Cuando la Corte Suprema quiere hacerse oir, lo hace, sea a través de discursos oficiales o de reportajes periodísticos. Hemos tenido ejemplos eminentes durante este 2015 y ello tiende a resaltar los claroscuros de la operatoria actual, poco transparente. Es mal signo cuando las instituciones sienten que no deben dar cuenta adecuada de sus actos, como si fueran suyos propios y no de la ciudadanía a la que responden.

Comentamos en su momento, desde un punto de vista jurídico-institucional, que no veíamos que la re-elección anticipada de Lorenzetti estuviera justificada y nos atenemos a ello. El fragor de la contienda hace que, en nuestra opinión, a veces se esgriman argumentos parciales y no conclusivos. Por ejemplo, la afirmación de que la nulidad de la Acordada en cuestión estaría dada por el hecho de que Fayt la firmó en su casa y no en la Sala de Acuerdos como la misma expresa. Esa es la postura de Horacio Verbitsky, reproducida luego por otros actores, a la que responde hoy Joaquín Morales Solá en La Nación, afirmando que «aún cuando Fayt haya firmado el acta en su casa, la Corte tiene muchos precedentes de jueces que, por razones de salud o por necesidad de tiempo, han hecho lo mismo en muchas ocasiones. Los jueces conocen los casos, los conversan con sus colegas y, a veces, la resolución que acuerdan la firman en sus domicilios particulares. Enrique Petracchi firmó, cinco días antes de morir, el último acuerdo en su casa, donde ya agonizaba». Coincido en este punto con Morales Solá: la firma de Fayt en su casa, frente a lo que dice la Acordada, es una desprolijidad pero que no parece argumento suficiente para fundar su invalidez. Escuchemos más bien su defensa de la estrategia sustancial de la Corte en este punto:

 «Lorenzetti cumplirá en diciembre nueve años como presidente de la Corte. Fue reelegido por tres años más, hasta 2019. El criterio de la Corte, en realidad, es volver al principio, cuando sus presidentes duraban mucho tiempo y trascendían a los gobiernos. Cree que esa permanencia mejora la percepción de la sociedad sobre la independencia de la Justicia. En efecto, los jueces argentinos miran el caso de los Estados Unidos, donde las cortes supremas son conocidas por el nombre de su presidente («La Corte de Warren», por ejemplo), mientras que aquí se las conoce por el nombre del presidente de la Nación (la Corte de Menem o de Alfonsín).

En la Argentina, hay también ejemplos de presidentes de la Corte que duraron mucho tiempo: desde Antonio Bermejo, a principios del siglo pasado, que estuvo 24 años como titular del máximo tribunal, hasta Roberto Repetto, en las décadas del 30 y el 40, que conservó el cargo durante 14 años. Otros, como José Gorostiaga y Benjamín Paz, duraron diez años. Julio Nazareno, el presidente de la Corte menemista, estuvo nueve años. El caso de Lorenzetti, en resumen, no inaugura nada nuevo en la instancia más alta de la Justicia.

Con todo, no puede ignorarse que la decisión de adelantar ocho meses la elección de Lorenzetti fue también un acto de autodefensa de la Corte. El tribunal venía de anular la designación de los conjueces y esperaba fuertes empellones oficialistas. Si bien fue presentada como una decisión necesaria para alejar al tribunal de las turbulencias electorales del segundo semestre del año (y esto también influyó), lo cierto es que pesó más la necesidad de presentar un cuerpo unido y un presidente respaldado por el resto de los jueces. La brutalidad de las estrategias del cristinismo termina, al final, provocando el efecto contrario.»

Morales Solá plantea dos cuestiones: una de índole institucional, la otra de estrategia política. La primera pone en cabeza de la Corte («volver a los orígenes») un objetivo que es más que dudoso que los Ministros que firmaron la acordada tuvieran en cuenta. Es más, es difícil que lo hubieran tenido en cuenta, porque la elección del Presidente por los mismos miembros de la Corte -en lugar de por el Presidente, como en EEUU- obliga a una periodicidad que respete las eventuales modificaciones en su conformación. Esa es una de las principales objeciones que se le pueden hacer a la re-elección anticipada de Lorenzetti -y presumiblemente, una de las razones por las que la misma se hizo-: que el(los) eventual(es) nuevo(s) miembro(s) tenga(n) otras opiniones o preferencias sobre quien los presida. Por otra parte, la referencia de Morales Solá a Gorostiaga, Benjamín Paz y Bermejo como presidencias largas obvia el hecho de que fueron realizadas según el modo anterior a 1930, cuando la designación era hecha por el Presidente de la Nación. El ejemplo de Nazareno creo que no ayuda mucho como modelo a seguir, con lo cual sólo nos quedaría Repetto entre los presidentes de Corte por períodos largos, de acuerdo a la modalidad actualmente vigente. Hablar de la Corte Lorenzetti puede ser beneficioso para la institucionalidad, pero no si para conseguirlo hay que torcer el brazo de las normas que gobiernan la elección, como en el presente caso se hizo.

Respecto de la estrategia política, Morales Sola opina que la re-elección fue un acto de auto-defensa de la Corte Suprema. No estamos de acuerdo, al menos no totalmente. Creemos que fue parte de una estrategia preventiva de la actual composición del Tribunal para preservar un status quo que se vería amenazado por la ampliación del número de miembros y la eventual designación de conjueces. De allí, las iniciales declaraciones de Lorenzetti en contra de la ampliación, la declaración de nulidad del nombramiento de los conjueces y, ahora, la re-elección anticipada. Si tomamos el inicio del año, las declaraciones de la Presidente en la Inauguración de las sesiones del Congreso y la respuesta de Lorenzetti en la Apertura del Año Judicial, la situación actual se presenta como inesperada. La Corte, a través de su Presidente, asumió una actitud proactiva ante lo que vio como una amenaza latente (quizás fuera inminente de acuerdo a la información que manejaran), debiendo para ello jugar en un campo en el que no le es propicio. Decíamos hace algún tiempo que cuando la Corte actúa estratégicamente, asume «la lógica de los poderes con los que debe interactuar, ya que la necesidad de supervivencia en el corto plazo le impide recostarse en su propio terreno (el discursivo-cultural). Pero si queda apresada en esta lógica y no tiene en mira la construcción de largo plazo, la Corte Suprema pierde identidad y se despega de las razones que justifican su existencia en el sistema –y, consiguientemente, de su fuente de legitimidad-«.

Creemos que, hoy en día, la Corte está envuelta en una contienda que se juega en un terreno que no es el propio y que la obliga, lamentablemente, a cometer errores en su construcción más permanente. El resultado inmediato la obliga a atentar contra las propias bases de su institucionalidad, como demuestran las sucesos que venimos analizando. Entendemos que hay veces en que la coyuntura política obliga a moverse en terrenos incómodos pero creemos que la Corte Suprema debe evitarlos, tanto como sea posible. En este caso en particular, creemos que había otras opciones disponibles y, por razones que desconocemos pero podemos adivinar no necesariamente monopolizadas por las ansias de conservar la institucionalidad, se ha optado por un camino diferente. Cuando hay un lesionado y el partido se para, todos deberíamos evaluar si no es momento para empezar a cambiar el estilo de juego.