En el día de ayer, en la ciudad de Washington, se celebró la que posiblemente haya sido una de las audiencias judiciales más esperadas en la historia de la Corte Suprema de los EE.UU. El asunto, conocido como Obergefell v. Hodges, condensa cuatro casos en los que se plantea la diferente situación entre el matrimonio entre personas de igual o distinto sexo. Por ejemplo: la unión de dos mujeres -April DeBoer y Jayne Rowse-, que conviven desde hace 10 años y que han adoptado, cada una por su lado, a dos y un niños respectivamente, pero no pueden considerarlos legalmente como hijos de la pareja; o el caso de James Obergefell y John Arthur, casados en Maryland pero sin reconocimiento legal en Ohio, donde reside el primero, hoy cónyuge superstite de la pareja. Estos casos, como sabemos, no son lo verdaderamente importante para el gran público, sino que la decisión que tome la Corte Suprema significará el fin de un camino que en los últimos tiempos ha tomado un ritmo trepidante: la definición misma de matrimonio. De prohibirlo legal y, en muchos casos, constitucionalmente, los Estados han pasado a reconocer la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo casi siempre por acción de los jueces. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión, el catalizador del cambio? El caso United States v Windsor, resuelto hace poquito más de dos años.
En ese caso se discutía la constitucionalidad de la Defense of Marriage Act (DOMA), norma federal que establecía una definición de matrimonio como unión entre hombre y mujer y hacía depender una larga serie de ayudas federales de que entraran en esa definición. De ese modo, en determinados Estados, la gente del mismo sexo podía casarse entre sí pero ello no tenía efectos respecto de las normas federales que abrevaban en la DOMA. Edith Windsor acciona pidiendo la inconstitucionalidad porque habiendo heredado a su conyúge femenino, debe pagar cerca de u$s 400.000 de impuestos federales que no hubiera debido pagar si su esposa hubiera sido varón. Lo que la CS dice en este caso es que la facultad de regular el matrimonio es competencia de los Estados y que la ley federal no puede inmiscuirse en esa definición, ni restringir sus efectos. Por lo tanto, en la medida en que la definición de matrimonio que da la DOMA impide la aplicación igualitaria -dentro de un mismo Estado- del régimen matrimonial allí establecido es inconstitucional por afectar la garantía de igualdad. En otras palabras, lo que hace DOMA es crear dos regímenes de matrimonio distintos dentro de los Estados que adoptaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Decisión divididísima, en la que Kennedy ejerce -nuevamente- de “swing vote” y la denominada “ala conservadora” (Scalia, Roberts, Thomas y Alito) escriben una potente disidencia.
Durante estos dos años, las demandas arreciaron en los distintos Estados y los jueces, federales en su gran mayoría, se basaron en este caso -a pesar, de que no decía nada sobre la potestad de los Estados para prohibir los matrimonios- para declarar la inconstitucionalidad de la prohibición. Miles de matrimonios se celebraron y la Corte Suprema rechazó, una tras otra, las posibilidades de intervenir en estos casos. Hasta que la Corte Federal de Apelaciones para el 6to Circuito quebró la cadena de decisiones judiciales al decir que, en realidad, esto no era una materia que deberían decidir los jueces, sino las legislaturas estatales y los votantes. Las demandas, decían los jueces de la Cámara de Apelación, apuntaban sus dardos a la institución cultural del matrimonio, cuyas normas tradicionalmente lo han limitado a un hombre y una mujer. Cambiar eso o no hacerlo es una materia de tanta importancia y profundidad social, que no puede ser decidida por un juez o un grupo de ellos. Es lo que se denomina, en lenguaje común, «wait and see», es decir, dejar que el proceso socio-político siga su curso, sin que los jueces intervengan en una etapa prematura del proceso. Proceso democráticos versus gobierno de los jueces, podríamos decir, llevando esta disputa al terreno de la teoría constitucional. Los actores en estos procesos no quedaron muy conformes con esta decisión y le pidieron a la Corte que revea la sentencia del 6to Circuito, petición que aceptó y comenzó a tratar con la audiencia de ayer.
Para no repetirnos, los invitamos a revisar este post, donde describíamos algunas de las cuestiones que se viven en una audiencia de este tipo: el ambiente, los abogados, las preguntas que hacen los Ministros y un largo etcétera. La de ayer fue excepcional en su duración, ya que se extendió a lo largo de dos horas y media. Aquí pueden escucharla con un práctico visor que les va transcribiendo en texto lo que oyen en audio, haciendo la experiencia más asequible. Porque lo que se puede asegurar de estas sesiones es que son vertiginosas: a los 40 segundos de que Mary L. Bonauto empezó su discurso explicando su argumento, Ruth Bader Ginsburg la interrumpió con una pregunta y a partir de allí, no tuvo más de 20 segundos por vez -entre dardo y dardo- para ir articulando sus respuestas. Los jueces guían la audiencia y son persistentes en lograr que se responda lo que quieren preguntar: aquí no valen las evasivas, ya que las preguntas han sido pensadas de antemano a través de la lectura concienzuda de las posiciones de las partes y de los briefs de los amicus curia (más de 100, en este caso). El ritmo es trepidante, no tanto en cuanto al tono, que es siempre amable y formal, sino en cuanto a la tensión intelectual que se desprende del evento. Argumentación efectiva y al punto, con un nivel de destreza y preparación al que aquí no estamos acostumbrados. Para que nos hagamos una idea, a lo largo de la audiencia los Ministros hicieron 143 preguntas: casi 1 por minuto. Preguntas, por otra parte, que distan de ser amistosas, ya que tienden a atacar las debilidades de los argumentos y así es como los analistas tratan de pronosticar el resultado final. Ayer, por ejemplo, la cuestión estuvo muy dividida, ya que los 4 Ministros liberales atosigaron al defensor de la posición de los Estados – John J. Bursch- y los denominados conservadores hicieron lo propio con los demandantes. En el medio, el Justice Kennedy que preguntó a unos y a otros.
Foto: pliffgrieff / Foter / CC BY-NC-SA
