Una simple mirada a la sección «Novedades» de la página de la Corte Suprema da cuenta de las preocupaciones que la embargan. Pocas sentencias (¡muy pocas!), tal como parece prescribir el recetario de un año electoral. Varias acordadas, en cambio, que parecen querer amortiguar el impacto de las medidas que el Gobierno está tomando en pos de la «democratización judicial». Entre ellas, destaca la Acordada 15/2013 por la cual la Corte ordena a las Cámaras Federales y a los tribunales orales que publiquen sus decisiones a través del Centro de Información Judicial. Esta norma judicial debe leerse como una maniobra preventiva respecto de la Ley 26856, publicada ayer en el Boletín Oficial (un par de días después de la Acordada), para que no se les ocurra a los tribunales cumplir con las obligaciones legales por otro conducto que no sea el que ella misma creó. Lo notable del caso es que el artículo 3 de la Ley, mutatis mutandi, establecía lo mismo que la Corte Suprema se apresuró a «acordar». ¿Alguna explicación?
La Nación, en una breve nota del día de ayer, argumentó que el objetivo de la acordada era doble: hacer por propia autoridad lo que le mandaba la ley y evitar que los juzgados inferiores tuvieran la tentación de recurrir a otros medios oficiales para la publicación. No sabemos si ello será cierto, pero podemos aventurar, al menos, que suena disparatado. Por un lado, la Corte aprovecha para sacar a relucir sus medallas, comenzando por su sentencia sobre el acceso a la información pública, siguiendo por su política comunicacional de transparencia y terminando por lo que parece verdaderamente importarle destacar: su carácter de órgano superior de la organización judicial, alias «cabeza del Poder Judicial». Habiendo salvado por los pelos el manejo presupuestario, resta ahora defender las otras ciudadelas de su gobierno y, como bien sabemos, el manejo de la información es uno de los bienes más preciados en nuestra sociedad contemporánea. Por ese motivo, ninguna previsión es demasiada.
El otro lado de la moneda parece estar constituido por cuestiones más de mercado. Es que a la Corte, que ejercía el monopolio informativo en cuestiones judiciales, le ha salido un competidor poderoso: Infojus Noticias, organizado por el Ministerio de Justicia de la Nación y dirigido por el periodista Christian Alarcón. Este emprendimiento es un resultado directo del «éxito» del CIJ, que creó un mercado donde no lo había. Hoy, con muchos recursos, el Gobierno Nacional se lo viene a disputar. ¿Será la competencia buena para la información judicial? La acordada comienza por afirmar un monopolio, para el cuál tiene buenas razones (aunque no enteramente concluyentes, ya que en muchos países -v.gr: España y su Tribunal Constitucional- las sentencias se publican en el Boletín Oficial). Pero la aparición de un competidor no aclara toda la situación. La Corte Suprema parece tomar conciencia de que la batalla por la democratización judicial empieza a minar su predicamento entre los cultores de la Justicia Legítima, pero también entre aquellos que hubieran esperado una defensa más activa del status quo (vease, en este sentido, el comunicado de la Cámara Laboral a Lorenzetti). El TEG recién empieza, los objetivos están claros, habrá que ver que dicen los dados y cómo se acomodan las estrategias.
