La frase, de ring-side, me parece pertinente para introducirnos en el pequeño ida y vuelta que han tenido estos últimos días el Sr. Jorge Daniel Domanico, Subdirector General del Servicio Administrativo y Financiero de la Procuración General de la Nación, y la Cra. Karina Ramos, Subdirectora General de Administración de la Corte Suprema. El primero está alineado en la causa por una «Justicia Legítima» que su Procuradora General de la Nación emprende conjuntamente con el Poder Ejecutivo Nacional, contra todo lo que sea interpretado como una dificultad contra-mayoritaria (nace a la vida pública para contestar el comunicado que el 6 de diciembre pasado sacaron asociaciones de magistrados en el marco del divorcio entre el Grupo Clarín y el Gobierno). El frío final de año dio paso a un caluroso inicio donde la tensión entre Balcarce y Talcahuano se dirime en un teatro de operaciones armado sobre la necesidad de «democratizar» la justicia. Y es aquí donde el Subdirector Domanico, con espíritu colaboracionista, el pasado jueves 7 de marzo le envió una misiva al Secretario General de Administración de la CSJN solicitándole una reunión «…que permita examinar de manera conjunta la manera de proceder para la implementación del pago del Impuesto a las ganancias». La pedía ante la eventualidad de que se modifique la Acordada CSJN Nro 20/96, la cual juzgaba aplicable a su jurisdicción. La respuesta, de sub a sub, llegó ayer, martes 13, señalándose que la Corte se dedicó el 2012 a estudiar el tema y que aún lo hace, pero que la Procuración General y el Ministerio Publico de la Defensa tienen amplia libertad para implementar el pago del impuesto a las ganancias en sus respectivas jurisdicciones, que no les aplica la acordada CSJN Nro 20/96 y que desde el año 1994 estaban obligados a actuar como agente de retención del impuesto. Las primeras escaramuzas formales nos dan un pie para abrir el debate sobre esta «pueblada» sobre el poder judicial.
Empiezo con cita de Kundera: «…nadie cree en la charlatanería de la propaganda, ni siquiera quienes la fabrican. La fuerza esta desnuda, tan desnuda como en las novelas de Kafka. En efecto, el tribunal no obtendrá provecho alguno de la ejecución de K., al igual que el castillo no sacará provecho molestando al agrimensor. ¿Por qué ayer Alemania y hoy Rusia quieren dominar el mundo? ¿Para ser más ricas? ¿Más felices? No. La agresividad de la fuerza es perfectamente desinteresada; inmotivada; sólo quiere su querer; es absolutamente irracional.» (El arte de la novela, TusQuets, Colecciones Esenciales, 1986, pag. 22).
Es una cita exagerada, lo sé. No calza perfecto pero tiene un punto de contacto. El que yo veo entre esta cita y la actualidad es que son muchas las hilachas que se han visto en estos años y que ya no sorprende que se pueda abusar de ideas, ideales, palabras y significados positivos o virtuosos para fines que no lo son. Nadie se pone colorado si lo agarran en off-side. El mensaje que yo he captado es que no quedan vacas sagradas. Cualquier institución puede (y debe) sufrir si ello es útil para un fin político determinado. El poder se impone y es mal perdedor. Si hay que poner en jaque los mecanismos que permitirían que el poder judicial se pueda mantener relativamente independiente del otro para reducir las posibilidades de pequeños sinsabores políticos, pues se hace. Seduzcamos primero con ofrendas de eternidad académica, títulos de Codificadores y masajes al ego. Si no funciona, presionemos abiertamente. ¿Cómo?
Si me pongo hablar de seguridad, no sólo le endilgo, horizontalmente, la responsabilidad a los ejecutivos vecinos – que corresponde – y a la justicia – que también corresponde -, sino que hago una crítica que asocie medios e (in)justicia, versus gente desprotegida y el ejecutivo intentando darle soluciones.
«…La fuerza también se desmoraliza cuando apresa gente y ven que al otro día esa gente queda en libertad. Ustedes saben lo que yo pienso en materia de derechos humanos y de garantías. No soy precisamente una de las defensoras de la mano dura, pero me parece que la Justicia debería merituar un poco –no quiero interferir en otro poder– más razonablemente el tema de cómo se manejan las excarcelaciones. (…) quiero que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde en materia de lucha contra la delincuencia. No diciendo: no tenemos responsabilidad el gobierno nacional, no, diciendo que claramente en cada provincia la seguridad corresponde al gobierno de esa provincia; Hay una manipulación mediática y un hacer la plancha de otros y meter la cabeza como el avestruz para que no se den cuenta que también es bastante injusto; es bastante injusto. Más allá de la protección mediática con la que se cuente, nos gustaría que la misma protección que le dan a ellos los medios, se la dieran ellos a los ciudadanos, como les marca la Constitución. Pero esto me lleva al último tema del día de hoy, que es el de la Justicia.»
Realizado ese entre con la vinculación apuntada entre medios y justicia, que puede muy reflejar el verdadero móvil, la Presidenta siguió su discurso de apertura del año legislativo 2013 con las siguientes propuestas:
«…creo que debemos también abordar el tema de la Justicia. Y fundamentalmente de hechos que se han sucedido a través de los yerros de la Justicia, como el Consejo de la Magistratura. El tema de lograr una representación legítima, una Justicia legítima, una democratización de la Justicia. Yo sé que actué como un gran disparador, un gran catalizador para el debate. Es un debate que nos debemos los argentinos,…»
Nosotros «…realmente logramos una reforma política importante: llevar la interna de los partidos hacia afuera, por afuera de las burocracias político-partidarias, y de esta manera permitir el ingreso de la ciudadanía. Lo cierto es que esto no ha sucedido, obviamente por múltiples razones, en el tercer poder, el Poder Judicial.(…) Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente de este Parlamento, durante el mes de marzo.
La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. (…) También enviaremos una ley al respecto– [para] crear la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, otra Cámara de Casación en lo Contencioso y Administrativo, otra Cámara de Casación Previsional y Laboral, de modo tal que en las cuatro ramas fundamentales tengamos una tercera instancia que aligere de esta manera [las tareas de la Corte] y pueda darle mayor transparencia a todo el sistema judicial. (…) También queremos democratizar el acceso al sistema judicial. (…) También queremos conocer, porque muchas veces no sabemos, cuáles son las causas. (…) El poder público son los tres poderes y los tres tenemos que tener la misma transparencia. (…) vamos a enviar dos leyes más que son muy importantes: una referida a medias cautelares. (…) Las medidas cautelares de contenido estrictamente patrimonialista contra el Estado son un absurdo, porque nunca puede «insolventarse»; no puede ser declarado en quiebra. Si el juicio es de estricto contenido patrimonialista, no corresponde jamás una medida cautelar contra el Estado, porque el Estado tiene el dinero suficiente para pagar. [NDRedactor: por favor no reírse de esta patraña] (…) También creo que hay que establecer una ley de responsabilidad del Estado. (…) Porque el Estado no puede ser tratado igual que una empresa particular, o que un particular, o que una cuestión entre civiles. Necesita otro tratamiento, no privilegiado pero tampoco castigado por ser el Estado. (…) Finalmente, también vamos a enviar una ley que tiene que ver con la transparencia total del poder público en cuanto a las declaraciones juradas de todos los que integramos el poder público del Estado, sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. (…) en la justicia es imposible acceder a la declaración jurada de nadie, de nadie, repito.»
El tema que nos convoca particularmente en el presente post, del impuesto a las ganancias, no fue incluido como una reforma al legislativo pero no dejó de mencionarse ya que es uno de los puntos flacos que tiene el Poder Judicial de cara a la ciudadanía. Y en la mezcla esta el secreto, dicen los «bar-tenders». Le sirve de apoyo para fogonear las restantes reformas. Fue así como la Presidenta, pese a reconocer que el legislativo estaba atado de manos, no dejó de remarcar que «…la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con lo cual, la única que puede modificar su propia jurisprudencia o su propia acordada es la Corte. Pueden aprobar veinte leyes y hacer veinte discursos pero esto seguirá así. Esto quiero aclararlo para evitar malentendidos y que nadie se sienta presionado sino que el Poder tome las decisiones que entienda que debe tomar. Quería aclarar esto porque creo que también son reformas.»
He extendido demasiado el relato describiendo, con citas de primera fuente que ya han sido debidamente analizadas por otros (ver acá el analisis de G. Arballo), que el episodio entre la Procuración y la Corte que hoy nos convoca es netamente político. Es una continuación de las reformas que pretende el Ejecutivo y que se motivan principalmente porque han visto que con la ley de medios se le presentaron inconvenientes impensados: han tenido problemas para pasar cosas que pretendían por el Consejo, problemas con la cautelar y problemas con la Cámara Civil y Comercial Federal. En ese contexto flamean banderas urticantes que todos los sectores consideran necesarias: impuesto a las ganancias + mayor transparencia para acceder al sistema judicial + evitar los muchos chanchullos que allí existen. La Corte se defiende en el mismo plano (político) en un tema del cual no puede salir bien parada. Todo parece reducido a un momento de timing en una negociación complicada. ¿Cómo reformar su sistema de ingreso$ sin parecer que están cediendo ante la presión de terceros? En mi opinión el factor importante en juego es que ante la avanzada, bien concreta y musculosa, a veces hay que ceder para conservar. La Corte tiene responsabilidad en que el diseño institucional no se modifique en perjuicio de la independencia de poderes, y para eso debe elegir un momento pertinente para domar a la fieras antes de que sea tarde. Es difícil saber cuanto oxígeno le habrá dado a la Corte la dura respuesta que le propinó a la Procuración. En esta cuestión, el argumento «vos tampoco pagas debiendo hacerlo desde el 94» no parece que pueda mejorar la imagen cortesana.
