Sin tantos firuletes lingüísticos, lo que la Provincia de San Luis pretendió recomponer fue su cuenta bancaria, incorporando unos pesos de un fondo común de vialidad que entiende le correspondían y que a su juicio debieron repartírsele en el año 2003. Su postura chocó con la del Consejo Vial Federal. Este último consideró que San Luis no había acreditado inversiones puntanas en sus rutas durante el 2001 y, siguiendo la norma pertinente del Reglamento Operativo para la Determinación del Coeficiente de Coparticipación Vial, le estampó un CERO. Sencillamente, por no hacer la tarea (cumplir el deber de información), San Luis no recibió en el año 2003 aquella parte de los recursos viales coparticipables que se supeditan a previas inversiones provinciales. No contento con la respuesta, San Luis alegó la inconstitucionalidad del Reglamento que permite sancionar con CERO el incumplimiento informativo. La ley (decreto -ley 505/58), en sus artículos 34 y 35, sólo habilitaba la suspensión y la caducidad del crédito despúes de los tres años. De ésta ley, va el argumento, no puede derivar la pérdida absoluta del derecho. Hete aquí lo que justificó la prédica puntana para que el Chofer diera una vuelta en U con el colectivo.
El fallo toca un tema interesante aunque nada novedoso. Gira en torno de las sensaciones que tiene para un Estado renunciar parcialmente a su poder. Trae a la mesa el famoso estoppel del derecho internacional público. Esa anormal igualdad de partes que existe cuando un estado soberano trata con otro igual. Ese supuesto que invita a la mesa a instituciones muy afines al derecho privado que, en ocasiones, los administrativistas (localistas) suelen tratar como sapos de otros pozos. En definitiva, una situación que invita a la reflexión filosófica sobre la posibilidad de limitar que un estado vuelva sobre sus ilegítimos o actualmente inconvenientes pasos, por sí mismo, si está a tiempo, o peticionándolo a un juez. No tratándose de derechos disponibles por las partes, esto es la preservación del principio de juridicidad, ¿son correctas las siguientes afirmaciones de la Corte Suprema de Justicia?
La Provincia demandante integra el Consejo Vial Federal y en tal carácter ha conocido y aceptado los mecanismos previstos en el Reglamento Operativo para la determinación del coeficiente de coparticipación vial. Por ende, debe afirmarse que su propia conducta, según una uniforme doctrina del Tribunal, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional.
Si la interesada realizó actos que, según sus manifestaciones o el significado que se atribuya a su conducta, importan el acatamiento a las disposiciones susceptibles de agraviar las garantías que invoca o suponen el reconocimiento de la validez de la norma que se pretende impugnar, no puede peticionar y obtener el ejercicio del control judicial de la constitucionalidad de dichas disposiciones (arg. Fallos: 327:2905, considerando 5° y los allí citados, y Fallos: 331:901). En consecuencia, no cabe reconocerle la facultad de peticionar y obtener la declaración de invalidez constitucional que arguye, cuando fue la propia Provincia –como miembro del Consejo Vial Federal- en forma concurrente con los demás integrantes de ese organismo interfederal, quien con su voluntad coincidente conformó su dictado.
Es preciso señalar que es dable exigir a los integrantes de un organismo complejo e igualitario, como lo es el Consejo Vial Federal, un comportamiento estrictamente coherente, ajeno a los cambios de conductas perjudiciales. Es por ello que debe desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a actos anteriores- se ha suscitado en las otras partes (arg. Fallos: 315:890, entre otros); y, que en el caso se agrava frente a la calidad de las personas jurídicas que integran el organismo en cuestión.
Mal puede suscribirse y aprobarse el reglamento bajo el cual se establecerán los coeficientes de coparticipación vial federal que le corresponderá a cada uno de los estados provinciales, y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de determinadas cargas, y, muchos años después proponerse la invalidez constitucional de un sistema que, consensuado, funcionó; y al que las partes deben someterse como a la ley misma.
Cortaré aquí antes de que resulte demasiado empalagoso. Lo importante es que la Corte, con dichas frases, ha frustrado toda posibilidad de peticionar la ilegitimidad de un regimen normativo dictado por la peticioante (conjuntamente con otras). Es decir, cerró el grifo a las únicas entidades que pueden alegar un daño directo (las provincias) y presentarse a debatir si la sanción dispuesta por el Reglamento es una derivación que encuadra en la Ley o trasunta un exceso reglamentario que vulnera el principio de juridicidad. Para la Corte, ese debate sobre fondos públicos es disponible por las propias provincias y, por lo tanto, renunciable expresa y tácitamente. Pieza movida es pieza movida, así sea que la torre se mueva en diagonal.
Ahora bien, más allá del monetario y estratégico cambio de criterio de San Luis -condenable- lo interesante es observar donde se traza la línea. El hecho de que la norma jurídica puesta a escrutinio sea el resultado conjunto de poderes de igual entidad y el hecho de que atacar el reglamento conjuntamente elaborado sea visto como una violación a la confianza que depositaron en San Luis sus co-redactores, ¿alcanza para considerarlo un tema enteramente librado a la voluntad de las provincias? Cualquiera sea la respuesta, hay que señalar que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho internacional de los tratados, aquí todos los iguales se comprometieron a respetar el principio de juridicidad o legalidad, aceptando una pirámide normativa donde la ley debe ser observada por el reglamento pactado entre los iguales. Es por respeto a los fines que sirven las diferentes provincias partes o a los intereses de los ciudadanos que representan, que todas deben conformarse a derecho. Ahí esta la especial característica que revisten éstas partes y que no admiten una perfecta asimilación ni con países que celebran tratados, ni con privados contratando. Es entendible que la Convención sobre el derecho de los Tratados envíe como mensaje que los nacionales de un país deben hacerse cargo de sus votos y de las (malas) acciones de sus representantes. ¿Es aceptable que ése sea el mismo mensaje que la Corte le de a los diferentes pueblos provinciales? Para mí, es un interrogante abierto.
