Una de las notas esenciales del sistema constitucional estadoundiense en materia de libertad de expresión es que otorga una fuerte protección al discurso ideológico. Toda norma que prohíba o castigue la difusión de una determinada idea u opinión política, religiosa, filosófica o histórica tiene una casi irremontable presunción de inconstitucionalidad. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos ha señalado que la libertad de expresión significa, antes que anda, que el gobierno no tiene poder para restringir una expresión debido a su mensaje, sus ideas, su temario o su contenido (Police Department v. Mosley, 408 U.S. 92, 95 (1972).
Ello no implica de ninguna manera que el Estado tenga que ser ideológicamente neutral. Por ejemplo, si el Estado promueve una campaña educativa a favor de la vacunación de los chicos, no se encuentra obligado a otorgarle un espacio a quienes pregonan la no vacunación. Esto es bastante obvio. La libertad de expresión no establece límite alguno respecto del contenido del mensaje que difunde el Estado. Esta doctrina es conocida en Estados Unidos como “government speech”.
En pocas palabras, el Estado no puede castigar la difusión de una idea determinada pero tiene libertad total para difundir sus propios mensajes.
En el caso que comentamos –Walker v Texas Division Sons of Confederate Veterans– los demandantes sostienen que la decisión del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas –en cuanto no aprobó el diseño especial para la patente del auto por incluir la bandera de la Confederación– afectó su libertad de expresión.
La cuestión que debe resolver la Corte es la siguiente. ¿Se trata de un caso en el que Texas está restringiendo indebidamente la difusión de un mensaje privado? ¿O se trata de un caso en el que el gobierno está expresando un mensaje propio a través de la patente y por lo tanto puede válidamente rechazar los mensajes a los que no quiere adherir?
Los cinco jueces que integran la mayoría (Breyer, Thomas, Sotomayor, Ginsburg y Kagan) encuadran el caso en este último supuesto. Al respecto, señalan que: (i) históricamente las patentes de los vehículos han incluido mensajes del gobierno; (ii) los diseños de las patentes están identificados, en la mente del público, con el Estado; (iii) Texas mantiene un control directo sobre los mensajes que aparecen en las las patentes “especiales” (o sea, en aquellas cuyo mensaje es propuesto originalmente por un sujeto privado pero que debe ser aprobado por el Estado); (iv) las patentes de los autos no son un foro público tradicional para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de sujetos privados. En síntesis, la mayoría entiende que el mensaje que aparece en las patentes “especiales” es un mensaje transmitido en representación del gobierno. Una vez que el caso es enfocado como un supuesto de “government speech”, su solución es muy sencilla: el gobierno tiene el poder para elegir el mensaje que considere más conveniente y puede válidamente rechazar una patente “especial” que contiene un símbolo tan controvertido como la bandera confederada.
En cambio, la disidencia (Alito, Roberts, Scalia y Kennedy) concibe el caso como un intento del Estado de Texas de censurar un mensaje privado simplemente porque resulta ofensivo, algo manifiestamente inconstitucional conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. La disidencia cuestiona fuertemente la idea de que la patente transmita un mensaje del gobierno. En este sentido, la disidencia propone el siguiente test: imaginemos que estamos a la vera de una autopista en Texas, estudiando las patentes de los vehículos que pasan. Y vemos muchas patentes “especiales” (hay más de 350 diseños), ¿realmente vamos a pensar que la patente “NASCAR – 24 Jefff Gordon” implica que este corredor de autos nacido en California, educado en Indiana y que vive el Carolina del Norte es el favorito oficial del Estado de Texas? ¿O alguien va a interpretar que la patente con la leyenda “preferiría estar jugando al golf” implica que el Estado de Texas tiene como política oficial “mejor jugar al golf que trabajar”? En síntesis, para los cuatro jueces disidentes, es inverosímil pensar que los mensajes que contienen estas patentes “especiales” reflejen las opiniones del Estado de Texas y no las del dueño del auto. Una vez que el caso es enfocado desde esta perspectiva, su solución también es muy sencilla. Como ya he señalado, el gobierno no tiene poder para restringir una expresión debido a su mensaje, sus ideas, su temario o su contenido. Por lo que la decisión de Texas es claramente inconstitucional.
Citizens United es un caso particular. Justo hoy estaba leyendo el libro de Lessig que, si bien es súper crítico del sistema de financiamiento de las campañas electorales, te dice que el caso está bien resuelto en favor del demandante. El problema son los argumentos que son espantosos !!!
Lo que dice la Corte en Wooley v. Maryland es que el Estado no puede obligarte a llevar una patente con un mensaje determinado, como «Live free or die». Aquí de lo que se trata es si un individuo puede obligar al Estado a que le apruebe un mensaje determinado en la patente.
Algo más: el tipo de argumentos de reducción al absurdo que usa la disidencia son bastante similares a los que usaran esos mismos jueces en la audiencia en «Citizens United», a fin de desacreditar el caso del gobierno en aquella oportunidad.
Julio, muchas gracias por el comentario del caso, que es súper interesante. Me hace acordar a uno que vos citás en tu libro sobre expresiones de odio, «Wooley v. Maynard» (1977), que parece guardar bastante vinculación con el caso (patente con leyenda obligatoria impuesta por el Estado). Aunque es evidente que NO son exactamente iguales los casos, me pregunto si la mayoría hace el esfuerzo de distinguirlo del presente y, en su caso, cuál es el factor de distinción central.