Cuando la Corte dictó el fallo Halabi, hace ya 5 años, incorporó a nuestro orden jurídico el sistema de la acción de clase, propio del modelo norteamericano. Acabamos de decir «sistema» y con ello no nos referimos, exclusivamente, a una estructura normativa con muchos vericuetos sino más bien a un «conjunto estructurado de unidades orgánicas relacionadas entre sí», ello es, a algo que está vivo y generando constantemente nuevas relaciones y disposiciones. En otras palabras, no importamos un libro sino que trajimos a nuestras tierras un ecosistema. Una parte esencial del mismo, que regula la superpoblación animal es el depredador, papel que podríamos asignarle al abogado dedicado a las acciones de clase. Es a él a quien el sistema le asigna, a través de una estimulación de su ambición empresaria, el mantener a raya a las otras posibles especies del ecosistema especialmente a aquellas que con su expansión pueden poner en peligro la subsistencia de las otras. Así, es un guardían feroz y poco simpático pero que cumple manteniendo a raya a otros grupos tan o más poderosos que él, ayudando así a que la tarea del guardián del parque sea más selectiva. Jay Edelson, a quien el New York Times dedica su nota principal en el suplemento ecónomico del domingo, es uno de ellos.
Edelson, y he aquí parte importante del interés de la nota, no es cualquier abogado dedicado a las acciones de clase. Su estudio jurídico, Edelson PC, se especializa en demandar a compañías de tecnología, aduciendo violaciones al derecho a la privacidad. Localizado en Chicago, el estudio se parece más a una empresa de Silicon Valley que a los que nosotros habitualmente estamos acostumbrados. Gente con buzos con logos de la compañía, mesas de ping-pong en los lugares de reunión, CVs que recuerdan carreras que han abrevado en el mundo empresario de las «starts-ups». Edelson empezó a ocuparse de la tecnología, mucho antes del affaire Snowden aunque considera que este ha supuesto un vuelco en la actitud de los jueces: «antes se burlaban cuando nos acercabamos con nuestros planteos, ahora están ansiosos por escucharnos y ver de qué forma se pueden encontrar medios de ayudarnos». Nuestro abogado sostiene que ha ganado más de 1000 millones en arreglos, pero ese es un número difícil de confirmar porque la mayoría de las conciliaciones son privadas y confidenciales. En estos momentos, el estudio está demandando a Facebook por «haber secretamente reunido la base de datos privada más grande del mundo de datos biométricos».
El artículo describe la actividad de Edelson como una organización empresaria, con objetivos y métodos que recuerdan más a una compañia que busca nuevos nichos y oportunidades que a un estudio jurídico esperando que sus clientes vengan a plantearles un caso. ¿Cuál es su modus operandi? Dada la novedad de muchos de los desarrollos tecnológicos actuales y la falta de regulación legal específica -la realidad siempre adelante del Derecho-, Edelson se especializa en aplicar viejas leyes, muchas veces diseñadas para casos específicos, a estos nuevos entornos de amenaza a la privacidad. Veamos, por ejemplo, el caso de su demanda a Netflix:
«La Ley de Protección de la Privacidad del Video fue promulgada en 1988, poco tiempo después de que el Presidente Reagan nominara al Juez Robert Bork para la Corte Suprema. Durante la disputa sobre su -al final fracasado- nombramiento, undiario publicó los nombres de algunas cintas de video que Bork había alquilado de un negocio local. No eran especialmente interesantes, pero al año siguiente el Congreso -actuando en una época en la que mucha gente y posiblemente muchos congresistas obtenían su pornografía de secciones reservados en videoclubes locales- sancionó esa ley y la registró en los repertorios. Hace tres años, el Sr. Edelson usó esta ley para demandar a Netflix por quedarse datos sobre las películes que sus usuarios habían visto aún después de que estos hubieran cancelado el servicio, e hizo un arreglo por u$S 9 millones. El estudio ha usado la misma ley para demandar a otras empresas de vido online. Edelson afirma que las demandas han hecho que las empresas sena menos displicentes con el uso de la información de sus clientes. Su acuerdo con Netflix, por ejemplo, motivó a la empresa a cambiar su política de privacidad. Ahora, cuando la gente cancela el servicio, la empresa ha aceptado quitar sus nombres y otros signos identificatorios de su historia de alquileres pasado un año».
Como Uds. se imaginarán, Edelson no es muy querido en el ambiente de las empresas de tecnología. «Es una sanguijuela emperifollada como luchador por la libertad», dicen en las «starts-ups», reflejando justamente una de las críticas que se le hace a la institución misma de las acciones de clase: que detiene la innovación por los excesivos riesgos jurídicos a la que la somete. El periodista del NYT nota que los «abogados de clase, como los especuladores de Wall Street, tienden a justificar sus acciones con alta moralidad, pero son generalmente denigrados como extorsionistas con pretensiones». Edelson enarbola la causa de la acción de clase: se ve a sí mismo como una especie de fiscal privado, que fuerza a las empresas a cambiar sus peores prácticas. La diferencia con los fiscales es que él gana millones mientras que sus clientes suelen quedarse apenas con monedas. Es por eso que han surgido, dentro del mismo sistema, organizaciones como el Center for Class Action Fairness que buscan proteger los intereses de los consumidores en esta clase de demandas.
Probablemente, escuchemos hablar de Edelson en el próximo año, ya que uno de sus demandados ha llevado el caso ante la Corte Suprema, que aún debe decidir si le dará el certiorari y entrará de esa forma entre los menos de 100 casos que escuchará durante el 2015/2016. El caso es Spokeo vs Robins y lo que allí se discute la conocida cuestión de la legitimación para accionar o standing. Spokeo es un buscador que, por un arancel, muestra todo lo que puede encontrar sobre una persona. Edelson accionó amparandose en la Fair Credit Reporting Act, una ley de 1970 destinadas a impedir que las agencias evaluadoras de crédito proveyeran información errónea que pudiera hacer que los clientes se las vieran difíciles para pedir dinero prestado o conseguir un trabajo. Robins, el cliente de Edelson, dice que se buscó en Spokeo y encontró varias datos, incluyendo su edad, que estaban mal. Dijo que esto podría hacer que un potencial empleador no lo considerara. ¿Qué dice el abogado de Spokeo? «Robins no está diciendo que esto le haya pasado, solamente tiene un daño especulativo que podría haber pasado. Eso no es un daño». Que el caso es relevante puede comprobarse en el link al mismo, donde constan las peticiones de varias empresas de Sillicon Valley en favor de Spokeo y en defensa de su actividad, dado el peligro al que se hallarían afectados si cualquiera pudiera demandarlos por un daño eventual.
En fin, una nota sumamente interesante que nos permite asomarnos al funcionamiento real de las acciones de clase en EE.UU. con sus defensores y detractores, sus beneficios y sus riesgos. En nuestro país y su incipiente historia en la materia, hemos optado por darle la derecha a las asociaciones de consumidores para comprobar -por ejemplo, en el caso ADECUA– que ellas no se hallan vacunadas respecto de las malas prácticas. La misma Corte ha sufrido en carne propia la ambición quizás desmedida de algunos actores y ha comenzado a estrechar el criterio de admisión de las acciones. Son señales de que el sistema necesita una serie de ajustes importantes para su funcionamiento, que van más allá de la legislación de base -condición que tampoco se ha cumplido todavía-. Debemos pensar no tanto en términos de las reglas del zoológico sino en la creación de un ecosistema sustentable y que cumpla con sus objetivos. En ese proceso, quizás nos preguntamos cuánto nos gustan los tigres.
Vea la nota completa aquí:
Jay Edelson, the Class-Action Lawyer Who May Be Tech’s Least Friended Man – NYTimes.com.
