El tándem Lorenzetti-Highton ha logrado, a través de una carta a la Cámara de Diputados (que contiene esta otra nota de la Junta de Presidentes de Cámara) que el oficialismo modifique los proyectos de democratización del Poder Judicial, en lo que hace a las facultades de administración presupuestaria y de personal (vid. post aquí). De todos los elementos inconstitucionales que los proyectos contienen (por ej., aquí respecto a las medidas cautelares) la Corte, ¡oh coincidencia!, ha abogado para que se revierta el que cumple con el mandato constitucional respecto al Gobierno del Poder Judicial -implementando los cambios legales necesarios para darle al Consejo de la Magistratura lo que el art. 114 le transfería desde 1994 y que la misma CS venía impidiendo desde esa fecha-. Y de todos los reclamos generales sobre la independencia judicial, ha elegido representar el que toca el verdadero núcleo de su poder corporativo. Toda una definición de lo que está en juego en esta reforma y de cómo la misma se termina separando de las preocupaciones de la gente que se congregó el 18 de abril. Por supuesto que hay explicaciones para este movimiento cortesano, pero la realidad habla más fuerte. La Corte defiende sus propios intereses, lo hace infringiendo la norma constitucional y, para lograr su cometido, condiciona su intervención futura para evaluar la legitimidad del resto de esta reforma y de asuntos tan relevantes e inminentes como la Ley de Medios. O sea, una verdadera definición de qué es y por donde pasa la independencia judicial para la Corte Suprema.
En defensa de la inconstitucionalidad
