Sobre la crisis institucional en España
Juan Antonio García Amado es Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, y Director de la organización de la organización de formación jurídica Sílex, además de autor de numerosas monografías sobre argumentación jurídica y teoría del derecho. Además de sus extensas contribuciones en la ciencia del derecho, García Amado también se ha ocupado de traducir y editar varias obras de Hans Kelsen, y sus libros más recientes son Argumentación jurídica. Fundamentos teóricos y elementos prácticos (Tirant Lo Blanch, 2023) y Teoría del derecho: una introducción (Eolas Manuales, 2023). Aprovechando el actual momento de incertidumbre en la actualidad política española, en la que la investidura del presidente depende de otorgar amnistías políticas a nacionalistas catalanes partícipes de llevar a cabo el referéndum unilateral de independencia en el 2017, he podido hablar con el profesor García Amado sobre la agravada crisis institucional y la transformación del derecho público en España, que ahora atenta abiertamente contra los propios fundamentos de la constitución erigida en el momento constituyente de 1978. Más allá de la resolución entre el estado español y las presiones de los regionalismos periféricos, García Amado despliega en profundidad teórica las claves de una crisis jurídica-política que atenta contra el estado democrático y su ordenamiento más elemental.
- Profesor García Amado, me gustaría que conversemos sobre la delicada situación institucional que atraviesa España. Hace solo unos días escribías la tribuna “Sobre amnistías y embudos” en la que hacías notar la gravedad en la que se encuentra el ordenamiento jurídico al presentar amnistías a la carta a cambio de votos que garantizarían un segundo mandato de Pedro Sánchez (PSOE). Ciertamente, es una situación inédita en España desde la Transición: ¿piensas que la politización o el oportunismo de cálculo hegemónico ha puesto en jaque los fundamentos de la legitimidad que se establece en el momento constitucional de 1978 o en realidad es algo que la Justicia española podrá contener?
Es curioso y triste lo que está pasando. Desde hace tiempo, hay una pugna doctrinal muy fuerte para moralizar el Derecho, una insistencia grande en negar la tesis iuspositivista de la separación conceptual entre Derecho y moral y en afirmar que la cúspide de todo Derecho está en la justicia objetiva, en ciertas normas morales que son expresión del verdadero contenido de los valores y que desde esa cima moral de lo jurídico condicionan la validez y aplicabilidad de todas las normas jurídico-positivas, incluidas las normas constitucionales. Sobre eso caben discusiones doctrinales bien interesantes, pero lo que sorprende por completo es el paso siguiente. Muchos de esos mismos iusmoralistas y objetivistas morales que tanto apelan a la moral verdadera, como pauta última de lo jurídico, se dedican ahora a votar a unos políticos, encabezados por Pedro Sánchez, que son literalmente anómicos, narcisistas sin principios tangibles, arribistas dispuestos a pagar cualquier precio por tomar el poder o conservarlo. Por no hablar de los que se sienten izquierdistas y cultivadores de la justicia social mientras abrazan el supremacismo y las más reaccionarias expresiones de los nacionalismos premodernos y reaccionarios.
Oh, sorpresa, resultó que los principios morales sustantivos de tantos profesores e intelectuales no encerraban más que sectarismo, adoración al líder y sumisión ilimitada a los caprichos y veleidades de gobernantes radicalmente amorales, además de vergonzosamente iletrados. Con eso se cierra el círculo: primero, con razonamientos morales y muy efectistas apelaciones a la razón práctica se ablanda el Derecho positivo y se cambia hasta la naturaleza última de los preceptos constitucionales, y, luego, se enseñan las auténticas cartas: la única moral está en la conveniencia del partido o en el interés del líder supremo, aun cuando este sea medio analfabeto y, por eso y por sus taras psíquicas, esté incapacitado de raíz para comprender ni el más elemental razonamiento moral. Y a la postre percibimos que tal gobernante tiene al menos la talla de su ambición política inmensa, su ansia enorme del poder por el poder, mientras que son esos otros secuaces intelectuales los que quedan para siempre retratados en su deprimente pequeñez.
Si en España hubiera hoy un partido que tuviera como punto principal de su programa la defensa de la violencia sexual y la impunidad de los violadores y si ese partido tuviera unos cuantos parlamentarios cuyo voto le importara a Pedro Sánchez, este sacaría de la cárcel a todos esos delincuentes sexuales y cientos de profesores de Ética, Filosofía del Derecho y Derecho constitucional lo justificarían como bueno para el diálogo social y como gesto de una sociedad generosa que sabe perdonar. En una película o una novela lo que está pasando nos parecería un exceso de incontrolada fantasía. Que esté ocurriendo en verdad nos hace ver la radical mentira de tanto bienpensante fingido y de tanto discurso ético que no es más que fachada del cinismo y pretexto para vender el alma a bajo precio.
- Hay una dimensión técnico-jurídica en el tema de la amnistía (que no contempla de manera explícita en la Constitución) aunque ciertamente una amnistía presupone, como mínimo una voluntad de olvido entre los actores. Esto fue algo que en su momento expresó Carl Schmitt desde las páginas de El País [1]. Sin embargo, pareciera que los actores actuales, en primer lugar el ex-presidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, insisten en lo contrario: continuar en la intensificación desleal, insistir en el movimientismo, y si es necesario sobrevolar los fallos del Tribunal Constitucional. En este sentido, incluso si “encaja” una amnistía dentro de la Constitución habría riesgos de eventual colapso, como dices en tu columna [2]. ¿Qué puede hacer el estado de derecho para la autopreservar la unidad del Estado?
Llueve sobre mojado. Ya van muchos años con una doble estrategia de desgaste, en la que no todos obran de mala fe y algunos son inconscientes compañeros de viaje o se guían por otras obsesiones o psicopatologías más personales. El caso es que se ha estado desgastando tanto el significado o la naturaleza del Derecho, como el modelo de legitimidad política constitucionalmente establecido. Respecto del Derecho, se ha insistido hasta la saciedad en que se debe huir de todo tipo de formalismos y en que hay que ver toda norma jurídica positiva, hasta las constitucionales, como esencialmente derrotable, de modo que el trabajo con el Derecho va perdiendo su dimensión técnica y se ubica en el campo de la llamada razón práctica. Es decir, se piensa que la autoridad del Derecho, sea cual sea su fuente o su legitimidad, tiene que estar subordinada al dictado moral, y hasta de una moral utilitarista cuyo veredicto se recibe a través de la ponderación de derechos y principios caso a caso.
- Y también me ha llamado la atención la insistencia por parte del ex lehendakari Iñigo Urkullu (en su propuesta de reinvención territorial) por la “re-interpretación” de la Constitución, algo que profundiza en algo que usted mismo ha venido criticando como “postpositivismo”; esto es, una teoría del derecho que abiertamente descree en la autoridad normativa del derecho, y que propone ampliar las discrecionalidad mediante mandatos de optimización de principios y ponderación equitativa para llegar a resultados deseados [3]. ¿Podemos decir que la interpretación del derecho se ha vuelto un arma política a disposición del político?
En cuanto a la legitimidad política, ha sucedido otro tanto, pues durante más de dos décadas se repetía que el diálogo social y el diálogo entre los protagonistas de cada disputa era más importante y mejor fuente de decisiones y soluciones que el modelo de la democracia deliberativa y su desembocadura en la legislación democráticamente legitimada. Ahora, en España, estamos en un momento en que a los gobernantes y sus peones académicos la Constitución, en tanto que norma sería de Derecho, les estorba y quieren reemplazarla por fantasmagóricas voluntades nacionales o por cálculos de conveniencia partidista adornados de pomposos principios que no tienen más contenido qué disimulo y descaro, retórica huera que ya sólo engaña al camarada igualmente alienado. Y resulta también que interesa bloquear los más genuinos mecanismos constitucionales de decisión y control, pues se teme que el pueblo no se pliegue tan fácilmente a los vaivenes de esas élites políticas amorales y depredadoras. Así que no puede sorprendernos que Pedro Sánchez gobierne a golpe de eufemismo, que los líderes de los partidos nacionalistas se esmeren para hacer flexible y frágil lo que en la Constitución hay de más firme y garantista y que los intelectuales orgánicos, desde su inanidad moral y su servilismo penoso, amanezcan cada día aguardando las órdenes de arriba para justificar una nueva felonía con citas a pie de página de autores como Rawls o Habermas, que jamás pudieron imaginar tanta vileza en la mención de sus teorías filosófico-políticas.
Sobre la última parte de la pregunta, un jurista de un Estado que ya no sea semifallido, como España, invocará al Tribunal Constitucional y su función de garante de las estructuras constitucionales y los derechos fundamentales. Ya no. Las sucesivas acometidas de los dos partidos mayoritarios en España y el empeño de cada uno para poner en el Tribunal Constitucional a sus más obedientes criados, aunque sean de pocas luces, nos ha llevado a desconfiar fundadamente de la independencia de criterio del Tribunal Constitucional. Ellos y ellas, en su mayoría, ya no se tienen por guardianes de una Constitución densa o sólida, esencialmente jurídica, sino de esos principios para dummies y de esa evanescente amalgama de moralina barata y palabras vacías con que se está sustituyendo la Constitución. El Tribunal Constitucional ya es un órgano partidista y políticamente subordinado, a lo que se suma que hay indicios serios de que algún magistrado o magistrada ha perdido la cabeza o padece severos trastornos de sus capacidades cognitivas. No hay esperanza; o al menos yo no la tengo ya.
- Esta defensa a ultranza de causas morales (siempre “las propias” desde luego) del nuevo activismo judicial se alza en detrimento de la división de poderes y las mediaciones institucionales. Se lo pregunto porque, actualmente, en los Estados Unidos varios de los positivistas jurídicos del originalismo constitucional han venido desarrollando hipótesis sobre formas de impedir que Trump vuelva a un cargo público del estado, puesto que ha violado el juramento constitucional tal y como se contempla en la Enmienda Catorce (argumento constitucional avanzado por los constitucionalistas William Baude & Stokes Paulsen) [4]. En otras palabras, ¿existen voces jurídicas autorizadas en España en condiciones de defender el derecho positivo por fuera de los vaivenes del realismo legalista y el principialismo moral?
Sí, en España hay voces críticas entre los juristas, académicos o no, y entre intelectuales y profesores de distintas ramas del conocimiento. Pero en cuanto se unen, reciben el ataque despiadado, en algunos medios y en las redes sociales, de la jauría de los sumisos y de la banda de los paniaguados. Hace falta mucha entereza y gran vocación de servicio social para oponerse al discurso político y seudojurídico dominante y para defender la obviedad de que la suprema fuente del Derecho no puede ser la voluntad del Führer ni el beneficio del partido. Los insultos son feroces, es constante la voluntad de “cancelación” del que proteste un poco, los partidos que hoy dominan lanzan de inmediato a sus perros de presa y sus bots a perseguir al que osa discrepar del vacío y mutable discurso oficial u oponerse a las consignas de los que se tienen por moralmente superiores, mientras no son capaces de más ejercicio intelectual que el que exige la disciplina canina.
Permítaseme una anécdota personal. Hace algo más de un año se me ocurrió hacer en Twitter una broma bastante simple para burlarme de una declaración que había hecho Pedro Sánchez sobre la conveniencia de quitarse la corbata para combatir las olas de calor y ahorrar algo de la energía que consumen los aparatos de aire acondicionado. Pues bien, en tres días recibí en esa red más de tres mil insultos, incluidos los de algunos colegas que pastan en el nacionalismo catalán. Medité durante unos días y decidí dejar de hacer comentarios políticos propios, personales, en las redes. Tal vez es cobardía, pero mi decisión también se debe un tanto a que no quiero compartir escenarios ni conversaciones con sujetos que moralmente no se diferencian en nada de lo que eran y hacían los que en la Alemania de los años treinta obedecían las instrucciones propagandísticas de Goebbels. Esas personas son irrecuperables para el Derecho o la política decentes y no es con ellas con las que merece la pena deliberar o debatir. Propongo algo así como una dialéctica de silencios: ellos quieren condenar al ostracismo a los críticos y los críticos debemos castigarlos con el silencio, ignorarlos, aislarlos simbólicamente en sus ghettos de vileza.
Por cierto, en aquella ocasión que acabo de mencionar, solo tres o cuatro colegas, compañeros de profesión académica de los que se mueven en las redes, salieron a defenderme o me dedicaron alguna palabra amable. Los demás callaron, por si acaso. Y uno vuelve a acordarse de aquella Alemania.
Muchas gracias, estimado profesor.
Gerardo Muñoz
Lehigh University
Notas
- Carl Schmitt. «Amnistía es la fuerza de olvidar», Enero de 1977, El País: https://elpais.com/diario/1977/01/21/opinion/222649207_850215.html
- Juan Antonio García Amado escribe: “Uno puede soñar con tener una piscina en su azotea, pero si construirla ahí implica que los cimientos no resistirán y que todo el edificio habrá de hundirse, serán frívolos y etimológicamente idiotas los que a pesar de todo la instalen y quién sabe si hasta dicen luego que la culpa fue del que en su día hizo la casa. Similarmente, una amnistía que los de un grupo cualquiera aceptan aplicar para beneficio de los que contra todos atentaron y por la única razón de que conviene también a los que la otorgan, supone destruir el edificio constitucional común, derribar las reglas del juego y asumir que la suprema fuente del Derecho, y hasta de la moral, es la voluntad del líder, unida a su personal y muy egoísta interés.”, de la columna titulada “Sobre amnistías y embudos”, ABC 2023: https://www.abc.es/opinion/sobre-amnistias-embudos-20230830191506-nt.html
- Íñigo Urkullu. “Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo”, El País, Agosto de 2023: https://elpais.com/espana/2023-08-31/autogobierno-vasco-y-modelo-plurinacional-del-estado-si-hay-voluntad-es-posible-el-acuerdo.html
- William Baude & Michael Stokes Paulsen. “The Sweep and Force of Section Three”, University of Pennsylvania Law Review, de próxima aparición, 2024: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4532751
