Con la votación acontecida el pasado 4 de septiembre, en la cual se rechazó el proyecto constitucional elaborado por una Convención Constitucional elegida un año antes, Chile cerró provisionalmente un proceso político, social e institucional centrado en el reemplazo de la Constitución de 1980 (reformada en muchos aspectos en 2005). Ese proceso nació a partir de un estallido social que arrasó con gran parte de los actores políticos que habían ocupado la escena institucional durante las últimas décadas. En las líneas que siguen sostendré que el proceso constituyente chileno tuvo más luces que sombras y que puede servir para reflexionar sobre el futuro de nuestras comunidades. La propuesta es dejar de ver las fotos vinculadas a ciertos momentos y tomarse un tiempo para reflexionar sobre todo el proceso.
Luces
En primer lugar, el proceso constituyente tuvo la enorme virtud de poder canalizar una gigantesca crisis, cuyos desbordes amenazan seriamente la vida social chilena. En ese marco y en un contexto de escepticismo generalizado para con los representantes políticos, la mayoría de los partidos y algunas figuras como el actual presidente Boric, decidieron acordar arreglos institucionales que guiarían un proceso constituyente inédito. Quizás sea cierto que no los unió el amor sino el espanto, pero aún así y ante una situación crítica, se decidió apostar por un proceso institucional de participación amplia y democrática, que se iniciaría por un plebiscito de entrada y se cerraría con uno de salida. Ninguna élite, fuertemente deslegitimadas tras el estallido de octubre del 2019, tendría la última palabra sobre el órgano que redactaría el texto constitucional ni sobre su entrada en vigor, sino que esas decisiones quedarían en manos de la ciudadanía. Visto en perspectiva, resulta digno de destacar que, en un contexto tan crítico, el proceso constituyente haya hecho posible la canalización institucional de la crisis, mientras favorecía una gran participación ciudadana.
En segundo lugar, los mecanismos elegidos para canalizar institucionalmente esa gigantesca crisis social fueron, mayoritariamente, adecuados. Particularmente acertado fue establecer dos plebiscitos: uno donde la ciudadanía decidiría darse o no una nueva constitución y el tipo de órgano para hacerlo, junto a uno de salida en el cual esa misma ciudadanía decidiría si el texto constitucional resultante del trabajo de una convención elegida democráticamente debía ser aprobado. Este mecanismo demostró ser virtuoso porque puso un límite a la autonomización de los circunstanciales convencionales. Aunque haya surgido de una votación masiva y legítima, en algún momento pareció darse el fenómeno de que algunos grupos dentro de la Convención fueron cortando puentes con una ciudadanía más amplia. El resultado del plebiscito de salida demostró que entre algunos discursos que se referenciaban con “el pueblo” y su real vinculación con una parte importante de la ciudadanía existía una brecha significativa. El sencillo ejercicio de imaginar el contrafáctico demuestra las virtudes del doble plebiscito: sin el de entrada, las élites políticas se habrían autoasignado un lugar mas relevante en el proceso de redacción de una nueva constitución; sin el de salida habría entrado en vigor un texto rechazado por 6 de cada 10 chilenos.
La herramienta plebiscitaria no es perfecta, ni mucho menos, y el peligro señalado por Roberto Gargarella respecto de que sea utilizada en forma extorsiva, obligándonos a aceptar o rechazar aspectos que no nos gustan para que se aprueben otros que sí son de nuestra preferencia, dentro de un conjunto cerrado y sin matices, debe ser tenido muy en cuenta.(2) Pero al final del día, los peligros de los plebiscitos como los realizados en Chile son los peligros de tomar decisiones democráticas sobre el modo fundamental en que queremos organizar nuestra vida en comunidad. En el contexto de deslegitimación de la política tradicional y ante un estallido social, la herramienta plebiscitaria evitó que fluctuantes y circunstanciales elites tuvieran en sus manos la decisión final sobre la constitución que regiría a todos los chilenos. Es de esperar que en un nuevo proceso constituyente siga siendo esa ciudadanía quien tenga la última palabra sobre la nueva constitución en Chile.
Sombras
Quizás el rasgo menos virtuoso del proceso haya sido el poco peso de los partidos tradicionales en el seno de la Convención, que tuvo el efecto de dejar un enorme espacio a expresiones representativas inconsistentes y poco predispuestas a la negociación.(3) No son las (dudosas) virtudes de los partidos tradicionales, sino los problemas que generó su ausencia lo que vale la pena repensar: como demostró Gabriel Negretto en una larga y exhaustiva investigación, los procesos de cambio constitucional democrático tienden a ser más exitosos cuando las élites políticas participan activamente de éstos, sin que un solo sector pueda hegemonizarlo.(4) La razón es simple: el día después de aprobado un texto constitucional, comienza el arduo trabajo de implementarlo, de crear instituciones, ajustar normas y habituar a la ciudadanía a esos cambios. Solo con los partidos políticos no alcanza, sin ellos no se puede.
Otro aspecto sobre el que vale la pena reflexionar es la idea misma de que el cambio constitucional resolverá, por sí mismo, problemas políticos y sociales que se vinculan en su gran mayoría con la actividad política ordinaria. La sobre- expectativa respecto de los efectos positivos de una nueva constitución puede resultar contraproducente una vez que la ciudadanía percibe que algunos problemas estructurales como la desigualdad, el desempleo, la inseguridad o la falta de acceso a servicios básicos no se resolverán por el mero hecho de tener una nueva constitución. Recuperar la relevancia de la política normal y recordar la excepcionalidad del momento constitucional, quizás ayudaría a reordenar expectativas y esfuerzos. Si todo es política constitucional, entonces no existe diferenciación entre constitución y legislación, entre política y derecho.
Tres reflexiones finales
Quiero finalizar con tres reflexiones surgidas del proceso chileno, pero que intentan desplegarse propositivamente un poco más allá.
La primera se vincula con la utilidad de los mecanismos plebiscitarios cuando van unidos a un proceso de participación extendido en el tiempo, inclusivo de la ciudadanía y de representantes políticos. Aún con sus problemas, las instancias de apelación efectiva a la comunidad mediante procedimientos de democracia directa, sigue siendo la mejor manera de evitar el (recurrente) peligro de que muchos hablen en nombre del pueblo, pero sean efectivamente pocos los que finalmente decidan.
En mi segunda reflexión quiero plantear la conveniencia de que las constituciones sean el resultado de acuerdos entre ciudadanos y élites políticas, lo más robustos y estables posibles, y no campos de batallas donde una circunstancial mayoría imponga su relación de fuerza volviendo a la constitución un botín de una guerra. Sería deseable que las constituciones no sean el puro reflejo de algún “ismo”, sino que se conviertan en una decisión colectiva y fundamental sobre el modo de organizar a la vida en comunidad, dotada del mayor consenso posible de ciudadanos y actores institucionales. Para ello, quizás un camino sea orientar futuros procesos constitucionales hacia cierto minimalismo, dejando de lado propuestas excesivamente partisanas y maximalistas. Los años de debates en torno del proceso constituyente no han sido en vano: existe hoy una agenda de cuestiones compartidas entre diferente sectores sociales y políticos, nada despreciable de cara a la redacción de una nueva constitución en Chile.
Si el texto constitucional se centra en expresar los acuerdos y deja para otras instancias (de reforma constitucional, consulta popular o legislación ordinaria) las cuestiones más divisivas, se lograría obtener una constitución con mayores consensos, y esto es importante, sin cerrar el debate a los temas que más divisiones generan. Para ello, es crucial que esos acuerdos mínimos no contengan trampas y restricciones que dificulten excesivamente futuros cambios, haciendo aún más compleja la gobernabilidad. Desde ya que este es un desafío mayúsculo en sociedades cada vez más fragmentadas, tensionadas por grietas sociales que se reflejan luego en la política institucional.
Finalmente, comparto una mirada esperanzada, fundada en que el proceso constituyente chileno puede ser una excelente oportunidad para realizar un aprendizaje, que mire al pasado reflexivamente y al futuro como una nueva oportunidad. Como sostuvimos hace un tiempo con Alejandro Pelfini “Ningún proceso humano es infalible, podemos equivocarnos, pero también corregirnos escuchando y aprendiendo colectivamente de decisiones pasadas y conocimientos nuevos”.(5)
Guillermo Jensen
Universidad del Salvador
Notas de referencia:
- (nota al título) Una versión anterior y más reducida de esta entrada fue publicada en Clarín https://www.clarin.com/opinion/chile-decision-ciudadana-proceso-constituyente_0_1MPdszitqj.html
- Roberto Gargarella, “El plebiscito de salida como error constituyente”: https://blog-iacl-aidc.org/new-blog-3/2022/9/6/plebiscito-salida-error-constituyente
- Como sostuvo Fernando Atria, “En mayo de 2021, con la elección de los miembros de la Convención, la situación se invirtió. Ahora era posible hacer una propuesta constitucional ignorando completamente a la derecha. Es decir, esta vez era la izquierda la que debía actuar con magnanimidad e incluir, sin que eso fuera necesario para avanzar, a la derecha. Y tal como la derecha antes, se negó a hacerlo, abonando así el camino al triunfo del Rechazo” https://www.lacasacomun.cl/post/el-proceso-constituyente-y-su-futuro-despu%C3%A9s-del-plebiscito
- Gabriel Negretto “Cambio constitucional y democratización en América Latina”, Seminario Derecho, Política y Sociedad en el mundo contemporáneo, Facultad de Ciencias Jurídicas- USAL, 12 de Julio del 2021: https://www.youtube.com/watch?v=HISupy86JWo
- https://www.clarin.com/opinion/deliberacion-ciudadana-decision-democratica_0_aD9pagkj9.html
