Como el sastrecillo valiente del cuento de los hermanos Grimm, la Corte Suprema de los EE.UU. volvió este lunes de un receso de dos semanas y se despachó con 6 sentencias y 1 presentación ante su estrado. Salió Eric Holder como Procurador General –Attorney General-, entra Loretta Lynch, la primer mujer afro-americana en asumir el cargo (y solamente la segunda mujer, en general, luego de Janet Reno). La presentación fue hecha por Donald B. Verrilli, Jr., Sollicitor General –funcionario encargado de representar al Gobierno Federal ante la Corte Suprema de Justicia-. La Attorney General es la jefa del Ministerio de Justicia y es la máxima autoridad en el área en el Ejecutivo de los EE.UU., la más encumbrada abogada en la estructura del gobierno americano. Es nominada por el Presidente y necesita acuerdo del Senado. Su puesto no se encuentra en el texto constitucional sino que fue establecido por la Judiciary Act de 1789. Luego de las breves formalidades, los jueces encargados de preparar los votos principales fueron presentando las respectivas decisiones de la Corte Suprema. Hay un poco de todo.
En City and County of San Francisco, California v. Sheehan se discutía el uso de la fuerza por parte de la policía en situaciones de emergencia. Los hechos eran los siguientes: en agosto de 2008, una trabajadora social va a visitar a Theresa Sheehan, discapacitada psíquica y ésta la amenaza. Dos policías acuden en su ayuda pero Sheehan se niega a abrirles la puerta. Sin embargo, entran con una llave que les da la asistente social y la dueña de casa los amenaza de muerte con un cuchillo. Se retiran, pero después de unos minutos vuelven a entrar, le tiran gas pimienta y ante la persistencia de su actitud amenazante, abren fuego sobre Sheehan. La hieren pero sobrevive y acciona contra la ciudad por violación de la 4ta Enmienda -relativa a los registros domiciliarios y allanamientos- y aduce que no se respetó la ley protectoria de los discapacitados -ADA, Americans with Disabilities Act-. El caso había despertado atención por dos motivos: uno político, que es el del cuestionamiento a la policía por el uso de la fuerza máxime luego de los sucesos de este año en Ferguson; el otro jurídico, por la implicancia que podía tener la ley de discapacidad en este entuerto, requiriendo mejores conductas policiales. La Corte Suprema, en un voto 6 a 2 en el que no vota Breyer -su hermano había participado como juez en la instancia anterior-, evita esos temas y simplemente excusa a los policías por su accionar en base a las amenazas y peligro real de la situación planteada.
Si en la sentencia anterior fue Samuel Alito el que presentó el voto principal, en Henderson v. United States la encargada de hacerlo será Elena Kagan. La cuestión planteada suena a nuestros oídos un poco extraña. Cuando a un delincuente lo condenan y le sacan sus armas, ¿qué pasa con ellas? ¿Las puede vender? ¿Se las puede transferir a quien quiera? Es claro que no pueden quedar en su propiedad por la ley específicamente lo prohíbe, pero ¿quiere ello decir que deben quedar en manos del Estado? La Corte de Apelación del Undécimo Circuito había dicho que no podían transferirlas, haciendo una construcción extensiva de los que se llama «posesión constructiva». La idea es que a pesar de no tenerlas físicamente, podía tener suficiente control sobre las mismas para ser considerada posesión a los fines legales. La Corte Suprema opina distinto. En palabras de Kagan: «Lo que importa aquí no es si un criminal tiene incidencia en la decisión acerca de adónde van a ir sus armas. Ese test, lógicamente, prohibiría una transferencia aún cuando el que las reciba decida venderlas a continuación a un tercero. Lo que importa, en cambio, es si el criminal tiene la capacidad de usar o dirigir el uso de las armas después de transferirlas. Eso es lo que le daría al criminal posesión constructiva».
Turno de Breyer para Colleman v Tollefson, donde se discutía la intepretación legal de la norma que le niega el status de in forma pauperis a aquellos prisioneros que en «3 o más ocasiones, mientras estaban encarcelados o detenidos, promovieron una acción o apleación en un juzgado de los EEUU que haya sido desestimado por razones de frivolidad, malicia o falta de fundamentación de un agravio por el cual el remedio podría ser otorgado». La concesión de ese status le permite al detenido ser eximido de los costos del proceso y obtener defensa oficial, o sea que es una cuestión de suma importancia en su defensa. La norma en análisis, evidentemente, trata de morigerar el uso del recurso y desincentivar las presentaciones sin debido fundamento. La cuestión a debatir en el caso era cómo considerar esas «3 ocasiones» de las que habla el artículo legal. Por ejemplo, ¿una negativa, si está siendo apelada, cuenta como una «ocasión»? En el caso de Coleman, se había dispuesto que sí, al menos hasta que la decisión negativa fuera revertida. La Corte Suprema hace una lectura literal de la norma y le da la razón al tribunal inferior: una negativa anterior vale como una ocasión, a los efectos de la ley de los «three strikes» -tres intentos-. La sentencia reconoce el riesgo de privar a un detenido de su protección legal por una érronea negativa anterior, pero sostiene que «ese riesgo no parece grande».
Del sistema penal pasamos a cuestiones contantes y sonantes. En Comptroller v. Wynne, nuevamente con la voz de Alito, la Corte Suprema declaró inconstitucional un esquema de impuesto a la ganancia por violar la denominada «Claúsula Comercial inactiva» –dormant Commerce Clause-, doctrina que le permite al Tribunal echar por tierra leyes que entorpecen el comercio interestatal. Al sujetar los dolares ganados y ya sujetos a impuetos fuera de los límites de Maryland, a una segunda imposición dentro del Estado, el sistema «es inherentemente discriminatorio y opera como un arancel». Breyer -repite también- nos trae Tibble v. Edison International donde la Corte Suprema aprieta las clavijas a los fondos de pensiones y sus decisiones de inversión, ampliando las posibilidades de los inversores de cuestionarlas. Como se explica en esta nota en Forbes, la Corte deja abierta la cuestión del control y remite a los Tribunales inferiores la decisión acerca de cuándo y cómo el control de los inversores es pertinente. Finalmente, Bader Ginsburg culmina este derrotero jurisprudencial con Harris v Viegelahn, caso en el que se resuelve una intrincada cuestión interpretativa de la Ley de Quiebras americana. Tan compleja es la cuestión y tan alejada de nuestras costas, que los dejamos en manos de los que realmente saben.
Foto: ::: M @ X ::: / Foter / CC BY-NC-ND
