Los próximos 26 y 27 de marzo, cuando nos estemos preparando para un larguísimo fin de semana -combinado de festividad religiosa y efemérides guerrera-, la Corte Suprema de EE.UU. celebrará dos largas audiencias sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer caso que escuchará es Hollingsworth v. Perry, donde se discute la validez de la Proposición 8 de California. Esta consistió en un plebiscito convocado en Noviembre del 2008 por el cual se proponía (y se logró) reformar la constitución estadual para definir allí el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer. El segundo caso es United States v. Windsor, donde se discute la constitucionalidad de la Defense of Marriage Act, popularmente conocida como DOMA. Esta ley, sancionada en 1996 establecía que, a los efectos de la legislación federal y las ayudas y beneficios que otorgaba, el matrimonio era entre hombre y mujer. Al expandirse el matrimonio entre personas del mismo sexo, estas comenzaron a discutir dicha norma en base a que los trataba desigualmente y de ello se trata este caso. Los casos son complejos y se mezclan en ellos cuestiones de fondo -v.gr: tratamiento igualitario-, jurisdiccionales – quien tiene competencia para legislar sobre qué materia- y procesales -quien tiene legitimación para actuar ante la Corte. Tratemos, pues, de despejar un poco la maleza y así entender mejor lo que se va argumentar ante la Corte Suprema.
Hollingsworth v. Perry
La proposición 8 californiana es un episodio más de la larga batalla dada en ese estado respecto de esta clase de matrimonios. En efecto, en el año 2000 se sancionó la Prop. 22, que disponía lo mismo que la posterior 8 – es decir, que el único matrimonio válido era entre varón y mujer-, pero lo hacía al nivel legal, sin enmendar la Constitución Estadual. Aquélla proposición fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema del Estado de California en el año 2008, dando lugar así al proceso que aquí reseñamos respecto de la Prop. 8. El día de la votación concurrieron casi 14 millones de californianos a las urnas, y la propuesta de enmienda venció por un exiguo 52,24% frente al 47, 76% de los partidarios de la igualdad matrimonial. Pero, allí no termino la cosa: en el caso que aquí nos ocupa -inicialmente titulado Perry v. Schwarzenegger- el juez federal de distrito dictaminó, en agosto de 2010, que la Proposición era inconstitucional pero suspendió los efectos de su sentencia hasta que se resolviera la apelación. La Corte de Distrito refrendó su sentencia pero mantuvo la suspensión y así la cuestión llegó a la Corte, que en diciembre de 2012 decidió tomar el caso.
Las cuestiones que se plantean ante la Corte son, esencialmente, dos: a) si la cláusula de igualdad de la Constitución americana le prohíbe al Estado de California definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; y 2) si los que impulsaron la Proposición 8 tienen legitimación ante la Corte para discutir la sentencia del Tribunal de Distrito Federal que la declaró inconstitucional. Esta última cuestión no estaba dentro del menú de discusión inicial, pero fue introducido por la misma Corte Suprema cuando decidió aceptar el caso, generando la pregunta en varios de los analistas respecto a si daría finalmente una solución de fondo al asunto o manejaría las cuestiones procesales para ir manejando los tiempos de una cuestión muy compleja y con amplio debate -y poco consenso- en la sociedad americana. Ya se ha cerrado la presentación de escritos de partes y de amicus curia en la causa -incluyendo las del Gobierno Federal de EE.UU. y las de California y otros 13 estados- con lo que las opciones que maneja la Corte podrían esquematizarse así, según este sesudo post de Lederman:
(i) La Corte podría defender la constitucionalidad de la Proposición 8, declarando así que los Estados pueden limitar la institución civil del matrimonio solo a matrimonios entre personas de distinto sexo.
(ii) La Corte podría concluir que la Enmienda XIV (trato igualitario) prohíbe a los estados discriminar respecto a las parejas del mismo sexo. Esta decisión tendría un impacto global, especialmente respecto a las 41 estados que todavía no han admitido dicha forma de matrimonio.
(iii) También podría establecer que, una vez que un Estado ha ofrecido a las parejas del mismo sexo esa equiparación, no puede legítimamente negarles el status de «matrimonio» y que si lo hace es solamente para estigmatizarlas o para negarles un derecho en base a una discriminación por sus preferencias sexuales. Esta solución, sugerida por el Gobierno de EE.UU. en el caso, afectaría principalmente a los 8 Estados que tienen ese trato igualitario en casi todos los aspectos, pero no de forma absoluta.
(iv) Más restringidamente mirando a California, diría que cuando un Estado ha autorizado a las parejas del mismo sexo a casarse -como lo hizo la Suprema Corte Californiana con su sentencia- no puede constitucionalmente quitarles ese derecho.
(v) Finalmente, podría desestimar el caso por cuestiones de legitimación, manteniendo la sentencia del Tribunal de Distrito en base a que los recurrentes no tienen el poder de concurrir ante la Corte Suprema.
Cada una de estas opciones requeriría muchísima más explicación y tiene muchísimas sutilezas por demás interesantes, pero nuestro objetivo aquí era, simplemente, ponernos en tema y ver las posibilidades estratégicas que se le abren a la Corte Suprema y lo que está en juego en estos complicados casos.
United States v. Windsor
Las cuestiones a decidir aquí son dos. La primera se refiere a los poderes del Gobierno Federal sobre la institución del matrimonio. Tradicionalmente una materia del derecho civil y, por lo tanto, de jurisdicción estatal: ¿puede el Estado federal legislar como lo hizo en DOMA o está excediendo los límites de su competencia? La segunda cuestión es bien interesante: a principios del año 2011, la Administración Obama decidió dejar de lado la defensa de la constitucionalidad de la ley ante los Tribunales (pero no la aplicación administrativa de la misma). Lo hizo cuando la misma fue declarada inconstitucional ante los tribunales de distrito y el Ejecutivo no siguió adelante. ¿Quién tomó la posta? El House Bipartisan Legal Advisory Group consta de 5 miembros (el Presidente de la Cámara, los líderes de la mayoría y minoría y los jefes de bancada), 3 republicanos y dos demócratas y votaron por mayoría asumir la defensa. Ahora, uno de los grandes puntos en discusión es si pueden hacerlo o no, y más allá de las disputas de poder hay un punto importantísimo respecto de la Corte, porque sostener la postura del Ejecutivo implicaría decir que no tiene voz en este asunto (ya que la Administración Obama habría decidido que no le llegue). Por el contrario, la obligatoriedad de seguir la disputa hasta el final (sea quien sea el que lo haga) mantiene vivo su status de «última voz».
Veremos…
Foto: j l t / Foter / CC BY-NC-SA
