El viernes pasado, comentando el fallo con el cual la Corte se declaró incompetente en instancia originaria para meterse en el caldeado conflicto minero que azota a Andalgalá (“Ambiente Caldeado” ), preguntaba si la soledad de Lorenzetti en ese fallo podía estar relacionada con la manera que el resto de los Ministros habría sopesado los riesgos que hubiera asumido la Corte si abandonaba su zona de confort. La pregunta merece una contextualización mayor, ya que a los pocos días Highton, Petracchi y Maqueda acompañaron a Lorenzetti y sacaron “un pago por ver las cartas” antes de definir su competencia en una causa que pone sobre la lupa el proyecto minero binacional (Chileno-Argentino) de Pascua Lama (Vargas contra San Juan). Veamos como la Corte navega estas aguas.
La pata local de ese proyecto – fundamentalmente procesadora de mineral – se emplaza en San Juan, en una zona limítrofe de la Cordillera al NorOeste de la mina Veladero. El actor, más descriptivo que la Corte al individualizar la zona, destaca que allí se emplaza la biósfera protegida “San Guillermo” y la cuenca alta del río Las Taguas, el cual sería tributario del Jachál, que integra a su vez la cuenca del Desaguadero . Señala, también con ánimo de alertar sobre la interjurisdiccionalidad, que la minera proyecta operar, perforar y remover montones de roca en zona sísmica, que además afectará, con sus polvos, los glaciares aledaños, y que generará residuos de todo tipo. Entre éstos se depositarán en el dique del Rio Turbio, 312 millones de toneladas de colas de lixiviación con el cianuro remanente. El objeto formal del amparo, presentado el 16 de abril del 2007, es que se exija a las demandadas la contratación de un seguro ambiental que garantice fondos para recomponer los daños que se puedan producir, que se realice una evaluación de la Secretaria de Ambiente Nacional para acreditar el estado actual, el alcance de los daños y los riesgos introducidos y que se condene a recomponer el ambiente dañado, el que se dañe, o una indemnización sustitutiva. No había cautelar solicitada.
Como lo hizo más de una vez, la Corte decidió dilatar su decisión sobre si participará desde el inicio, pero pidió informes a San Juan y al Estado Nacional. Al primero le va a revisar los expedientes. Al segundo le preguntará sobre las previsiones tomadas al firmar el tratado bilateral y los intercambios de información que han existido entre las dos naciones. Es decir, la Corte declara ejercer el «control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, [toma] las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de éstos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional….»(cons. 3° que remite a fallos como Dino Salas). Ese control lo hace sin considerar aún que la acción resulta admisible y sin que se lo considere como el «…informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada».
Quizás, como conjeturábamos en el post anterior, la mueve una sensación de federalismo trunco, una desconfianza en los incentivos e instituciones sanjuaninas. Quizás sea el mismo estado de sospecha que tenemos todos cuando nos presentamos ante este tipo de mega-proyectos de destrucción onerosa para crear otros recursos. ¿Por qué apuntar la reflexión hacia el pedigree federal de esta Corte? Porque no es la primera vez que la Corte, me parece, desconfía de las administraciones locales y porque ninguna de las medidas o informes que solicitó aquí parecen destinadas a producir documentos que la ayuden a evaluar las notas interjurisdiccionales que pueda tener el caso.
Por otro lado, la dilación para resolver su competencia, a CINCO años de la interposición del amparo, no parece razonable cuando la Corte cuenta con muchos neones que la tornarían originaria. Ello por la necesaria participación de la provincia y la nación y el fundado dictámen en dicho sentido de agosto de 2009. Ahora bien, por esto mismo, o por esto último, también puede ser que la concepción cortesana del federalismo no sea la adecuada explicación para el reciente pedido destinado a ejercer un control sobre la materia. Por el contrario, quizás la dilación sea un síntoma que produce un tembleque de muñeca para meter la cuchara en un megaproyecto que, pese a estar arriba en los Andes, tiene una alta temperatura. La Corte, me parece, no se siente tan cómoda en una balsa que se interna en un rápido que puede tener unos cuantos saltos. Cuando la invitaron al conflicto minero de Veladero, ahí cerquita, dijo «no, gracias». Acá las cosas son un tanto diferentes, pero CINCO años y contando para resolver si la causa del proyecto bi-nacional es de competencia originaria, parece una manera indirecta de demostrar que el programa de aventuras no entusiasma.