Nota de Todo Sobre la Corte: Agradecemos una vez más la gentil colaboración de Mónica Baumgratz, quién desde la perspectiva del periodista, hace un análisis del libro «Justicia Argentina On Line – La Mirada de los Jueces«.
A ver… este libro se lo recomiendo a todos los que tienen interés en este tipo de problemática. Del mismo modo como recomiendo leer todos los días, y al hilo, Clarín, Página 12 y La Nación, como mínimo, para tener una idea apenas balanceada de la agenda de la opinión pública (porteña, claro está!). Ahora, hay mucho “clap, clap” para el CIJ y también hay mucho lugar común. Eso que todos ya sabemos. Como suelen ser las recopilaciones, algunos artículos fueron solo algunos apuntes, otros tuvieron un eje claro con un norte definido, y en otros algunos hicieron gala de su mejor maniobra de copy-paste. Pero vale la pena leerlo, a mí me dejó mucho.
La impresión general es que hay un repaso de ideas que ya se saben sobre los fundamentos de la necesaria publicidad de los actos propios del poder judicial, sobre las tensiones entre prensa y justicia, y muy, pero muy poca autocrítica de los funcionarios judiciales. No hay, por ejemplo, ninguna referencia a la Acordada 29/08, firmada el 28 de octubre de 2008 por la Corte Suprema, que promueve la más amplia cobertura de los medios de los juicios orales, lo que en la práctica, es bastante ignorado por los tribunales.
Y para seguir con los palos, hay que decir que no está claro para quién es el libro. Por ahí parece que es para periodistas, pero cuando se leen clases básicas sobre “construcción de la noticia” o sobre “qué es la objetividad” parece más bien que algún juez hojeó un librito que nosotros, los periodistas, aprobamos en Periodismo I, pero que puede servir para otros públicos. Tampoco se explicita cómo y por qué fueron elegidos los articulistas. Algunos, no se explica uno cómo es posible que estén ahí hablando de transparencia y acceso a la información. Pero, además, hay una notable ausencia de autores del interior. ¿La justicia provinciana no tiene referentes que piensen estos asuntos? No lo creo. Creo más bien que tiene que ver con el histórico centralismo porteño, y que algún que otro articulista dejó deslizar al hablar de la excesiva concentración del CIJ en la Corte Suprema nacional, en detrimento de otros espacios de la justicia.
Ya hablamos bastante sobre el CIJ en otro post, pero allí creo que no mencionamos lo que en esta publicación se enfatiza bastante: “El nuevo paradigma privilegia el concepto de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información que produce el Poder Judicial”, dice el Presidente de la CSJN Ricardo Lorenzetti en la introducción de esta publicación. Esta afirmación no es menor, no sólo porque resulta medular para abordar este tema específicamente sino porque este paradigma es bastante ignorado en otros ámbitos del Estado así como en discusiones que giran sobre temas aledaños, como el de la libertad de expresión, en donde prima aún el concepto de “el Estado concede la libertad de expresión, o el acceso a la información al ciudadano”, cuando debería ser al revés. El Estado debe responder a un derecho que es posesión del ciudadano, acceder a la información para ejercer, entre otros derechos, por ejemplo, su libertad de expresión.
Pero en general, se habla hasta el cansancio de que “la transparencia”, de que “el ciudadano tiene derecho a conocer”, del “control de los actos de gobierno”, etc. pero pocas veces se explica cómo funciona concretamente esto para lograr el ejercicio de nuestros derechos. En su artículo, sin embargo, la Vicepresidenta de la CSJN Elena Highton de Nolasco, explica de manera muy sencilla que la transparencia permite conocer, lo que genera confianza y esto es lo que permite confiar en la institución judicial y también habilita el control ciudadano…¡Eureka!
Porque en realidad, lo que creo que muchos funcionarios judiciales desconocen (tanto en el sentido de no-conocer como el de no-querer-reconocer) es que el proceso de comprensión que hace una persona común, y de manera más profesionalizada el periodismo, es justamente inverso: va de la comprensión básica y general, hacia lo más complejo, tanto para entender como para luego actuar. Y el secreto del acceso a la justicia está ahí, parafraseando nuevamente a Higton de Nolasco en su artículo, la justicia debe allanar el camino para que puedan acceder a ella los más vulnerables, quienes más la necesitan, los que tienen menores posibilidades de desarrollo cultural.
Aquí quiero alertar también sobre algo que se dice poco en el libro: ofrecer información no es garantía de que el ciudadano la entienda, y como consecuencia, la use. Hay que dar un paso más, hay que explicarla. No sé si el trabajo del CIJ es satisfactorio en ese sentido, me quedan dudas. Creo más bien que se trata de una gran vidriera. Pero también es honesto reconocer que “explicar” nos lleva al complicadito mundo -en términos periodísticos- de la interpretación, la segmentación, la edición. Y eso tira por tierra todos los argumentos en defensa de la objetividad del CIJ, o incluso de los más sofisticados fallos judiciales “ajustados a derecho” (ya aprendí qué significa). Es difícil pensar que voy a explicar algo sin ponerle algún touch de opinión, algún adjetivo por acá, algún verbo especial por allá. ¡Se terminó el sueño! Por eso me parece que gastar tiempo en discutir sobre si el CIJ es o no objetivo, neutro, abarcador, etc., lo que se hace bastante en el libro, es una falacia. Es una disputa sin respuesta. Necesariamente la selección es una decisión en la que se excluye a alguien o a algo.
Volviendo al libro, lo que sí me tomó por sorpresa fue una especie de victimización, aunque por suerte planteada positivamente, formulada por la jueza Ángela E. Ledesma: “Este puente entre la sociedad y la Justicia es un viejo anhelo: los jueces hemos sentido durante años que no somos comprendidos, que no se valora nuestra tarea y que sólo hay quejas porque nunca podemos satisfacer todos los intereses en juego”. A mí ya me estaba por dar un ataque… ¿así que ahora los pobrecitos incomprendidos son los jueces? Afortunadamente, la jueza Ledesma hizo enseguida una de las pocas autocríticas punzantes de todo el libro: “La antigua expresión los jueces hablan por sus sentencias sirvió en más de una oportunidad -con o sin intención- como escudo protector para omitir comunicar”. Y, para mi buena salud cardíaca, concluyó su párrafo con esta sentencia lapidaria: “esta actitud propia de un juez otrora parado en una torre de marfil, alejado de la realidad y disociado del mundo que lo circundaba ya es insostenible”.
Pero aquí hay otro tema que se aborda solo tangencialmente en esta publicación y es el gran atraso en la introducción de la oralidad en los diversos procesos y pronunciamientos judiciales. Dice Ledesma en el libro que “el sistema escrito propició un entorno sumamente cerrado, transformando a la Justicia en una actividad con escasos controles de actuación”. De lo que se habla poco cuando se discute lo escrito vs. lo oral es que el punto de partida es reconocer que la información a la que se debe poder acceder no necesariamente está en papel, el concepto debe ser más amplio, más allá del documento, del fallo escrito. La comunicación no verbal es tanto o más importante que la que se puede congelar en la letra escrita. Cuando esto se pueda reconocer como un aspecto crucial del derecho a la información habremos dado pasos no sólo en el mundo de la justicia sino en otros ámbitos de la comunicación pública (pienso por ejemplo en la reticencia a dar conferencias de prensa de parte de funcionarios de la más diversa especie, en las trabas que se le impone principalmente a la radio y a la televisión para la cobertura de juicios, entre otros).
En general se aborda de manera bastante precaria la lógica con la que funcionan los medios. Incluso, para mi sorpresa, hay espacios generosos de puro copy-paste de algún manual de Periodismo I, o de otros papers sobre el impacto de la revolución tecnológica “en materia telemática” (sic! Y no voy a decir de quien es el sic) del cual se apropiaron algunos articulistas para extender sus escritos. Pero no deja de aparecer la enumeración de los vicios más comunes de los medios, como su capacidad de rotular e instalar este rótulo en el imaginario social (p.ej. jueces “garantistas” o de “mano dura”), su gran desconocimiento sobre los procesos judiciales, su desobediencia a la presunción de inocencia, su urgencia por la primicia sobre el fondo del asunto, etc.
Pero sí se habla un poco de los intereses de los medios, no de los intereses políticos o de otro tipo que reciben o condicionan el accionar judicial y que muchas veces se expresan por medio de los medios, pero NO SON los medios. Tampoco se reconoce la labor de los medios para desenmascarar jueces corruptos, fallos deplorables, tribunales cuestionables, y otros tantos problemas puntuales o estructurales que ha tenido o tiene la justicia, y que si no fuera por los sistemas de difusión, no se conocerían. Nada en todo el libro.
A propósito de esto, los invito a leer la crítica que le hace ACIJ a esta publicación, debido a que le dio lugar con artículo y todo al juez Sergio Torres, “el juez que sistemáticamente nos negó –dice ACIJ- el acceso a la causa BNP Paribas. Ello a pesar de una sentencia firme que nos autorizaba a hacerlo. El juez que, además, siguió negándose incluso en insubordinación ante sus superiores, quienes le ordenaron concedernos la vista de la causa. Permitir el acceso a los expedientes donde se investigan cuestiones de interés público, hacerlo de un modo igualitario, garantizando que no habrá discrecionalidad ni manejo discrecional de la información, sería la acción más destacable que podría tomar un juez como Torres. Todo ello si fuera cierta su preocupación por la participación ciudadana, el derecho a acceder a la información y la vocación de una judicatura abierta a la sociedad.” SIN PALABRAS…
Pero volviendo a la lógica de los medios, se critica -con cierta razón a mí entender- su uso por parte de algunos funcionarios judiciales para hacerse famosos. Es verdad que algunos pondrán su minuto de fama por encima de su actividad judicial pero quedarse con ese argumento es no entender la lógica de los medios. El periodismo cuenta historias y necesita ponerle nombre y apellido, rostro y voz a cada historia. Como se dan hoy las cosas en los medios, el cronista necesita mostrar al juez, al fiscal, a la voz autorizada que valida la información que da él mismo como periodista. Es lo personal y no lo institucional lo que apela a la audiencia. Nos guste o no. Los editores y directores de medios lo saben y actúan en consecuencia. Si esto es aprovechado por algunos jueces para llevar agua para su molino, no es necesariamente culpa de los medios. Ojala más jueces salgan en la tele, en la radio, en diarios y revistas para explicar lo que hacen, sabiendo cómo comunicarse con cada tipo de medio, cómo hacer con la tele, y como con los diarios. Se habla poco en el libro de la necesidad de capacitar a los funcionarios judiciales en mass media, no es suficiente buscarse un buen vocero. Para el periodismo y para la audiencia, un vocero no es lo mismo que un juez.
Esto necesariamente nos lleva al tema del intrincado, petulante, irritante (hablo como periodista, ojo), etc. lenguaje judicial.
Sobre este tema la Vicepresidenta de la CSJN Elena Highton de Nolasco nos deja algunas perlitas en este libro: “Es sabido que una de las barreras del acceso a justicia es el lenguaje (…) Y el lenguaje jurídico como herramienta de comunicación presenta particularidades en su técnica que resultan difíciles de comprender, representando de esta manera una de las principales barreras para el acceso a justicia. En algunos casos, no es sencillo ni siquiera para los operadores de derecho interpretar plena y acabadamente el texto de una sentencia, una ley, un decreto u otro texto redactado en “idioma legal”. El lenguaje jurídico parece concebido en algunos casos para no ser entendido por la sociedad en general.”. Esto es casi un sincericidio!! Gracias por el gesto Señora Jueza… Más allá del chascarrillo, vemos acá que la Jueza trata de poner la carga nuevamente sobre los funcionarios judiciales, son ellos los que tienen la obligación de ser claros y sencillos, y no en la sociedad, de quien han abusado durante siglos y muchos jueces lo sigue haciendo y regodeándose de ello, mediante textos más cercanos al oscurantismo que a la comprensión del ciudadano medio.
Y hay más cosas interesantes en este libro, como el abordaje de algunas diferencias entre la cultura de los medios y la de la justicia (“Una sentencia judicial perdería su sentido, su legitimidad y sería generadora de una gran inseguridad jurídica en esquemas democráticos, si se dictara en el mismo día o al día siguiente del hecho y estuviera atada a la idea de primicia o novedad. Una noticia, por supuesto, dejaría de ser tal, si estuviera sometida a una suerte de “debido proceso de construcción de la noticia”, con intervención y discusión de partes interesadas, cumplimiento de plazos, etcétera.» ¡Oro en polvo, o en letras, Dr. Ercolini!). Solo cierro diciendo que no sería nada sano para nuestra sociedad que logremos un pleno acuerdo entre la justicia y los medios. Esa tensión es necesaria. Un periodista muy amigo de un juez me daría sospechas.
Foto: ferdinandfeys / Foter / CC BY-NC-ND
