NOTA DE TODO SOBRE LA CORTE: Agradecemos la gentil colaboración de la Lic. Mónica Baumgratz. Esta nota se inserta en el grupo de reflexiones realizadas por Invitados Especiales, que tienen por objeto realizar un balance de la actuación de la Corte durante el año 2010.
Desde el año 2006, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habla de “política de Estado” cuando se refiere a la comunicación con la sociedad de la justicia en general y de ese Alto Tribunal en particular. Vemos que esta política se centró mayormente en “atender a la prensa”, esto es, generar diversos productos, herramientas y espacios para la prensa, aunque muchos de estos productos también son usados por otros públicos, como abogados y académicos. Pero, además, en el 2006 se creó un espacio anual de comunicación al interior de la justicia, la Conferencia Anual de Jueces, que pretende ser un “espacio de discusión y debate donde los magistrados de todo el país abordan cuestiones medulares de la administración de justicia”. Posiblemente el solo hecho de que se reúnan cada año a “diseñar políticas de estado destinadas a mejorar el servicio de justicia”, como dice el texto fundacional, sea uno de los hitos más importantes en esta política de comunicación. Estas iniciativas ofrecen a la sociedad y a las demás instituciones una imagen de que la comunicación –y no sólo con la prensa- llegó para quedarse (es además una clara “bajada de línea” hacia el interior de la administración de justicia: ahora tienen alguien que les marca el paso). Porque lo que hace a una buena comunicación es superar el concepto estrecho de contar las veces que “salgo en los medios”. Pero en fin, hagamos un paseo por las formas en que la Corte fue expresando su “política de Estado” en materia de comunicación, veremos que no todo es color de rosa y en muchos casos es mucha imagen, pero es eso, imagen.
¿Nuevo paradigma comunicacional?
En la Primera Conferencia Nacional de Jueces, realizada en Santa Fe en 2006, unos 600 magistrados de todas las jurisdicciones de la Argentina coincidieron en que “’los jueces hablan por sus sentencias’, porque ellas son un producto profesional dirigido a un destinatario particular, el justiciable, pero que eso no impide que los agentes del Poder Judicial realicen un esfuerzo para comunicar su labor, transformando el lenguaje técnico en una información en términos sencillos para toda la sociedad”. En la Segunda Conferencia, celebrada en agosto de 2007 en Salta, esta intención fue plasmada en un documento que estipulaba los principales objetivos de esta política de Estado. De este documento destacamos tres aspectos: a) la creación del CIJ y todo lo que ello implica en relación a la transparencia, acceso a la información y publicidad de lo realizado por la justicia, b) una dinámica nueva de comunicación al interior de la administración de justicia a nivel nacional, y c) una fuerte impronta de conducción de parte del Presidente de la Corte Suprema en ambos procesos.
Empezamos al revés, por el punto c). Quedó bien claro quién maneja el timón en este asunto. Ya en el documento fundacional mencionado arriba lo dejan establecido: “Es conducido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial (Art. 108 CN), lo que permite una dirección y ejecución posterior”. A su vez, lleva el sello autoral del propio presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, quien aclaró en ese mismo documento que “el presente trabajo (…) (lo) presento a nombre personal por la única razón de que no ha sido aprobado institucionalmente, pero recoge las opiniones y las experiencias de muchas personas que están sanamente interesadas en el Poder Judicial y en el País“. Lorenzetti fue reelegido este año como Presidente del Alto Tribunal y ello augura una continuidad, pero esta cierta “personalización” de una política de Estado plantea la pregunta de qué pasará con ella cuando deje de serlo.
Pero antes de seguir queremos referirnos al espíritu de esta movida. Ya de entrada se establece que “los objetivos de la etapa que enfrentamos están orientados a la reconstrucción y fortalecimiento institucional.” Dejamos para otro post qué puede significar “reconstrucción”, lo que será imprescindible para terminar de explicar por qué el actual sería un “nuevo” paradigma. Acá nos concentramos en la relación que tiene esta etapa de “reconstrucción” con la comunicación y destacamos este párrafo:
El Poder Judicial no debe perseguir la popularidad, sino el prestigio. Ello significa que la aceptación social no se basa en seguir la opinión de mayorías circunstanciales, sino en aplicar criterios jurídicos coherentes a lo largo del tiempo. Si las decisiones cambian constantemente conforme a la opinión publicada, el juez puede ser popular en un momento y caer en el descrédito cuando hay una mudanza en el contexto. Tampoco es adecuada la postura del Juez que actúa contra las mayorías por esa sola razón, ya que todo juez prudente debe valorar las consecuencias de las decisiones que adopta. La credibilidad y el prestigio surgen de una serie de decisiones basadas en el derecho, aplicadas de modo coherente a lo largo del tiempo y suficientemente explicadas a la comunidad.
Más allá de los extensos estudios sobre procesos de legitimación que nos brindan las ciencias sociales, nótense varios conceptos en esta declamación que son esencialmente comunicacionales: “aceptación social”, “opinión publicada”, “suficientemente explicadas a la comunidad”. Estas acciones no pueden lograrse de manera masiva, con impacto en la inmensurable “opinión pública”, sino a través principalmente de los medios de comunicación, y de manera más tipo “riego por goteo” a través de las propias acciones de la justicia, la academia, pero siempre a través de alguna estrategia de difusión. Podemos asumir entonces que este –como cualquier- proceso de reconstrucción/relegitimación se fundamenta en un proceso profundo y transversal de comunicación. Suena auspicioso que Lorenzetti lo haya comprendido.
Esto nos lleva al punto b) que habíamos indicado al principio: una dinámica nueva de comunicación al interior de toda la estructura judicial a nivel nacional. Lorenzetti puso a trabajar en conjunto, a producir información y a sentarse a dialogar de manera casi horizontal a las diversas instancias judiciales de todo el país. Un ejemplo concreto es la conferencia anual de jueces, otro es la demanda de proveer de información local al CIJ lo que implica un esfuerzo importante de producción y comunicación (ahora prácticamente todos los tribunales superiores provinciales tienen vocero propio), etc. Pero también hay una bajada de línea a las instancias inferiores de otro tipo, a través de modos concretos de comunicación y ya no solamente de sentencias. Un ejemplo de esto es la Acordada 29/08 en la cual la Corte precisó que en los juicios orales se deberá promover la difusión radial y televisiva de los actos iniciales, los alegatos y la lectura de la sentencia y de los fundamentos. No es casual que esta acordada se haya promulgado justo cuando tenían lugar de manera simultánea varios de los juicios llamados “de lesa humanidad”, en los cuales algunos jueces fueron duramente cuestionados por permitir una escasísima cobertura periodística o directamente prohibirla. En la misma línea, un ejemplo interesante es el discurso que emitió el Dr. Lorenzetti durante el acto de presentación del informe elaborado por el Máximo Tribunal sobre la tramitación de los Juicios de lesa humanidad. En esa ocasión dijo que “es una decisión de toda la sociedad” llevar adelante ese tipo de causas. El título del artículo que publicó el CIJ sobre el discurso fue “Juicios de lesa humanidad: para Lorenzetti, ‘no hay marcha atrás’». Esto fue, a nuestro entender, un aviso concreto a las instancias judiciales inferiores de cómo han de abordar estos procesos judiciales. Y, astutamente, lo puso en boca de “toda la sociedad”, no sólo de la suya.
El acceso llegó para quedarse, ¿la transparencia también?
Ahora sí y siguiendo al revés, abordamos el punto a) mencionado arriba respecto de la creación del Centro de Información Judicial (CIJ) y su impacto en la publicidad de lo realizado por la justicia y en la posibilidad de acceder a la información judicial. Cuando Lorenzetti presentó el CIJ en octubre de 2009, el artículo del propio CIJ que hacía mención a dicho acto fue: “Lorenzetti: ‘Tenemos la obligación de explicar al pueblo lo que hacemos como jueces’”. Y en la bajada: “Lo aseguró el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al presentar el nuevo formato informativo del CIJ que trabajará como una agencia de noticias de todo el Poder Judicial. ‘El CIJ es la agencia de noticias de toda la justicia argentina’, dijo”. Sabiendo el impacto en la construcción informativa que tienen los títulos y las bajadas, queda claro que la intención del CIJ será no solamente ofrecer data, sino “explicar” lo que hace la justicia. Menudo esfuerzo para el “ghetto” de la justicia y su intencionalmente intrincado lenguaje judicial.
Hasta ahí todo bien, el CIJ tiene una oferta grande, material interesante, gacetillas de prensa de todo el país, fallos a piaccere, investigaciones especiales e incluso los videos de eventos a los que no se pudo acceder (uno recomendable es el Jueces y periodistas debatieron sobre los desafíos en la comunicación del Poder Judicial sobre un panel de la última Conferencia Nacional de Jueces). Pero hace poco tiempo el CIJ dio una nueva vuelta de tuerca: de portal de recursos pasó a convertirse en “agencia de noticias”, lo cual significa que ya no sólo publican fallos, conferencias o guías de juzgados sino que se dedican deliberadamente a producir información, o sea, a “tratar” a la noticia, a decirla de un modo deliberado. Ahora, al entrar al sitio uno se encuentra con un diario al que puede leer, todos los días hay noticias pero escritas al modo CIJ. Un ejemplo de esta subjetividad es la manera en que presentó el envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo del Presupuesto 2011. El CIJ dijo que el Poder Ejecutivo recortó casi 40% el presupuesto de la Corte cuando en realidad “recibió un aumento del 18%. El ‘recorte’ fue sobre lo que había solicitado” aclaró el propio diario Clarín siempre dispuesto a pegar al Ejecutivo y aplaudir los fallos de la justicia favorables a sus intereses. O sea que el CIJ se termina sometiendo a las limitaciones propias del tratamiento de la información, ofrecer y priorizar las noticias según cierto criterio, lo que lo convierte en casi otro medio cualquiera, no en un proveedor de los mismos. De hecho, esta es la mayor crítica que le hacen los periodistas judiciales. A diferencia de las agencias de noticias tradicionales, ésta es gratuita, lo que es muy bueno pero tiene una implicancia concreta en la rutina periodística: ya no hay primicias porque todos acceden al mismo tiempo. O es más difícil tenerlas y estas se reducen a lo que puede conseguir el periodista con algún contacto directo con jueces o secretarios pero que muchas veces tiene que ofrecer su información en formato de rumor, de especulación o directamente en off, lo que reduce drásticamente su calidad noticiosa.
A las críticas se suma la afirmación de varios colegas de que algunas noticias han sido filtradas primero como primicias en medios en los cuales se desempeñó algún integrante del staff del CIJ. Sobre ellos también recae la crítica de que no fueron elegidos por concurso, sino puestos “a dedo”. “Además, no están todos los fallos” me dijo un colega estos días. Esto de todos, significa TODOS, ¿por qué no están? Si buscamos una palabra en el portal de la Real Academia Española de Letras y esta no aparece, sabemos que no existe. Esta seguridad podría ofrecer el CIJ, tal vez estén en camino. Vemos, finalmente, que el genuino intento de transparencia y publicidad debe luchar con vicios que permanecen, la imagen incólume de la política comunicacional de la Corte se ve empañada por intrigas y restricciones tan humanas como la de cualquier otro ámbito.
Si a todo lo anterior sumamos la creciente presencia en redes sociales y en otros formatos comunicativos (Lorenzetti, por ejemplo, tiene su propio blog) la tarea del periodista judicial será, más que dar información, agudizar su análisis e investigación.
Y ¿esto es todo?
Resumiendo, vemos que hay una muy buena intención, aunque probablemente todavía ella esté centrada en proveer información casi hasta el hartazgo. Falta dar un paso más, mostrar una estrategia de cómo y qué comunicar, ya no refiriéndonos a productos en cantidades abundantes sino en una cuestión más política, cuándo es conveniente comunicar y de qué modo. Y nos robamos la conclusión de otro post de este mismo blog: “La Corte Suprema goza de buena salud ante la opinión pública y los actores políticos y ha ganado en institucionalidad. (…) Pero sus estrategias para manejar los conflictos y conseguir sus objetivos (…) no siempre muestran su mejor cara.”
