Nuestro post Nro 100 nos encuentra en medio del primer enfrentamiento serio entre la Corte y el Gobierno. ¿Comezón del séptimo año? Lo que pareció durante unos seis años una relación idílica, ha empezado a mostrar unas líneas de quiebre cuya evolución futura dista de estar clara. Por ahora, mucho ruido y pocas cosas claras, ya que a la habitual estrategia del gobierno de redoblar la apuesta, se suman aliados lenguaraces, opositores deseosos de posicionarse, organizaciones y medios que miran la realidad a través del destino de la Ley de Radiodifusión y una Corte que no siempre acierta con la mejor estrategia para manejar estas situaciones. Los ánimos están exaltados y los actores políticos y los ciudadanos también se acogen a la lógica binaria de la contienda: el que no está conmigo, está contra mí. A nuestro entender, resulta conveniente, si queremos sacar algo en limpio, apartarnos un poco del fragor de la batalla. Vamos a intentarlo.
1) Yendo a los orígenes del conflicto todo comenzó con la pareja Sosa – Apablaza, asuntos que el gobierno manejó de modo distinto. En el caso Sosa, fue víctima de sus propios excesos y echó kerosene a un fuego que, de otro modo, quizás le hubiera resultado amigable para calentar sus manos. La cuestión tenía sus complejidades y era discutible si la solución de la Corte de remitir la causa al Congreso era la más adecuada, pero el Gobierno fue al menos imprudente en sus manifestaciones y el conflicto quedó armado entre un «poder político que llamaba a la rebeldía» y una «Corte que solo quería hacer cumplir las sentencias». En el caso Apablaza, el Gobierno a través de la CONARE tenía la última palabra y la usó para darle al chileno carácter de «refugiado». La forma fue mucho más discreta que la de Sosa, porque aquí el mango de la sartén lo tenía el Gobierno y lo usó. Igualmente, no se privó de retrucarle a la Corte, pero ¿acaso Obama no había hecho lo mismo en el Discurso sobre el Estado de la Unión, criticando la sentencia Citizens United? La cuestión, a mi entender, no plantea demasiados problemas en tanto y en cuanto el debate mantenga las formas. Si la Corte Suprema incide con sus sentencias en la esfera política es razonable que los actores debatan, critiquen, discutan sus sentencias. Lo que no lo es es que demonice, inciten al incumplimiento o llamen a tomar el Palacio de Justicia por asalto.
2) Un test acerca de donde habría que poner ese límite se planteó con el acto de la semana pasada en la Plaza de Tribunales, convocada por los defensores de la vigencia irrestricta de la Ley de Medios. Allí fue donde Bonafini pronunció sus desafortunadas sentencias y ello concitó un mayoritario consenso respecto de que los límites del discurso cívico se habían traspasado. Ello motivó declaraciones condenatorias de la gran mayoría del espectro político, incluyendo actores alineados con el Gobierno respecto del objetivo del acto convocado (vid, por ejemplo comunicado de CELS). Este es un buen signo (el de la condena, no los dichos de Bonafini) porque separa a las instituciones y su conservación del ámbito de la política agonal, eufemismo para describir la cruenta batalla barriobajera que muchas veces se produce para conseguir los objetivos buscados. Ahora bien, ¿está bien o está mal que haya manifestaciones políticas que tengan como destinataria de su mensaje a la Corte Suprema? De nuevo, la Corte incide decisivamente en cuestiones estructurales acerca de como entender la vida en comunidad. ¿Por qué habría que negarles a los ciudadanos la posibilidad de que escuchen su voz? Siempre habrá voces que pretendan menores presiones y otras que quieran subordinar a la Corte a los pedidos perentorios de la ciudadanía congregada, pero el punto de equilibrio está en una Corte Suprema que tenga la suficiente fuerza institucional para no verse movida por esas influencias y pueda enunciar la voz viva de la Constitución en el caso concreto.
3) En el medio de estos entreveros, la Corte aprovechó la corriente a favor y denunció que el Gobierno le había bajado 40% su Presupuesto. Leyendo solamente los titulares, pero sin hacer mucho research, muchos se subieron a ese tren y denunciaron una campaña de persecución contra la Corte, atentados contra la independencia judicial y muchas cosas horribles más. Luego resultó que el 40% de descuento era sobre lo solicitado para el 2011, pero no sobre lo otorgado en el 2010, cuenta que hacía que la suma total para el año que viene siguiera siendo un 20% mayor que la del corriente. Ante la situación de conflicto que veníamos describiendo, la Corte adoptó una actitud estratégica y, por qué no decirlo, oportunista. Así, como lo destaca Irina Hauser en esta nota, el Tribunal usó para esta operación un órgano de información del Poder Judicial, su mimada agendia de noticias, el CIJ. Dice allí que:
«Denunciar un “recorte” parecía una respuesta, o un ataque, o una defensa, según como se mire. No era una noticia cualquiera ni en cualquier contexto. Se difundió un día antes de la concentración para pedir la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y unas horas después de las críticas de Cristina Kirchner y su marido a los jueces que son dóciles al poder económico. El clima ya venía caldeado tras el fallo contra el gobernador de Santa Cruz, y el que ordenaba extraditar al chileno Galvarino Apablaza Guerra. (…) La Corte tiene muchos caminos para expresar su descontento por el presupuesto o por lo que digan de ella. Utilizar su agencia de noticias no parece la vía más feliz, en especial por el modo elegido, que reproduce la lógica de moda en los medios poderosos, basada en instalar mensajes tramposos, con gran influencia en el humor social.»
La Corte Suprema, parece ser, tampoco es tan inocente como los marcos mediante los que encuadrábamos el conflicto inicial respecto de Sosa y Apablaza sugerían. Tiene dientes y muerde, pero al hacerlo se mete en un terreno que no es el propio, con una serie de variables que no tiene los instrumentos para manejar. Por otra parte, la investigación más fina sobre el presupuesto revelaba las zonas de recorte de ese presupuesto y las áreas donde supuestamente se afectaba la «independencia judicial». Los recortes eran, según esta nota, en obras en el archivo general y la biblioteca, refacción del Palacio de Justicia, contratación de 122 personas para el proyecto informático y para la Oficina de la Mujer. Las mismas eran caratuladas como «Políticas de Estado» del Poder Judicial. Ahora bien, ¿quién las había fijado? ¿Quién las había discutido? ¿Tienen relevancia directa en la conformación de un Poder Judicial independiente? Preguntas sin respuestas, pero que creemos que merecen hacerse, sobre todo si nos vamos a tomar en serio esto del Presupuesto Judicial.
En conclusión: la pelea sigue y nadie parece querer retirarse del campo de batalla. La Corte Suprema goza de buena salud ante la opinión pública y los actores políticos y ha ganado en institucionalidad. El conflicto de Sosa y Apablaza así lo demuestran. Pero sus estrategias para manejar los conflictos y conseguir sus objetivos (el premio mayor parece ser el Presupuesto) no siempre muestran su mejor cara.
