En el Clarín de ayer (acá), Silvana Boschi relata las «voces internas» de la Corte Suprema respecto a su posición frente al poder político. La nota se hace eco de los sucesos de hace dos semanas, a raíz del comunicado institucional por medio del cual la Corte exhortaba » a quienes tienen responsabilidades de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio». Venía así el Alto Tribunal a responder a una creciente escalada de declaraciones en las que la Presidenta había aludido, en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, a jueces que cobran excarcelaciones, que orientan sus decisiones según la tapa de Clarín y «jueces que parecen alquilados» (ver cobertura periodística de La Nación, Clarín y Página 12).
La situación dista de ser novedosa, tanto en el contexto internacional como en la propia historia argentina reciente. El Presidente de EE.UU, Barack Obama, en su discurso del Estado de la Nación también había criticado a la Corte Suprema de aquel país por su decisión en el caso Citizens United v. FEC, en la cual ese tribunal había declarado inconstitucional una ley federal que ponía límites a las personas jurídicas en las contribuciones de publicidad para las campañas políticas. El batiburrillo mediático se desató a raíz de la reacción que había tenido el Justice Samuel Alito, quien ante el discurso presidencial murmuró un visible «That is not true» (eso no es verdad) lo cual fue retratado por las cámaras de TV, como se puede ver acá en el blog de Gustavo Arballo. La discusión subsiguiente fue muy interesante en términos de cómo la Corte Suprema americana se expresa institucionalmente, ya que los ministros no hicieron declaraciones -ni individuales ni como cuerpo- sobre el tema. Pero la calma de disipó cuando, a principios de este mes – o sea, casi un mes y medio después del discurso ante el Congreso- el Presidente del Tribunal, John G. Roberts, respondió una pregunta en una charla en la Universidad de Alabama y dijo que todo el suceso había sido «muy problemático» (acá).
Lo notable de este suceso en el ámbito americano dice mucho sobre cómo la Corte Suprema se posiciona y se autolimita ante los poderes políticos. Tan es así que una mera frase entre labios de un ministro generó tamaña controversia y una opinión casi neutra de su Presidente, reavivó la polémica. La Corte americana mantiene una alta estima institucional entre los americanos, justamente por mantenerse apartada de la discusión política y lo hace aún a costa de no defenderse cuando tiene razón. Por eso, sigue a rajatabla la doctrina de que «habla solamente a través de sus sentencias», no emite comunicados de prensa y los ministros muy raramente otorgan reportajes a los medios de comunicación. Paga así el precio de su status mítico, que la preserva de los vaivenes políticos y le permite tomar decisiones impopulares sin que ello vaya en desmedro de la estima que le tienen los ciudadanos y el alto papel institucional que desempeña. Toda su política de comunicación, como se describe en este artículo, está orientada por la misión constitucional que asume.
Pero esta no es la primera vez que esta Corte emite un comunicado frente a declaraciones públicas que provocaron revuelo en el ambiente tribunalicio. Hace tres años, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el día 1 de marzo de 2007, el entonces Presidente Kirchner (2003-2007) hizo un fuerte llamamiento al Poder Judicial para que se anularan los indultos conferidos a los ex – militares y se aceleraran las causas judiciales contra los acusados de represión ilegal. Tres semanas después, el 24 de marzo de 2007, con ocasión del 31 aniversario del golpe militar de 1976, Kirchner pronunció un discurso en el predio del ex – centro de detención ilegal La Perla y se preguntó que pasaba en la Cámara de Casación donde los juicios se encontraban parados. Y expresó: “Yo le digo a la Justicia, y sé que el Consejo de la Magistratura me va a escuchar: ¡por favor, basta! ¡Juicio y castigo!”. Se refería de ese modo a la denuncia que 61 familiares y víctimas de la represión ilegal habían hecho contra el Presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi y otros tres camaristas por demoras en los procedimientos penales.
Los dichos del entonces Presidente generaron un gran revuelo político y mediático –con contestación de Bisordi a Kirchner incluida- y motivó que la Corte Suprema emitiera un comunicado, que decía textualmente:
“Con relación a la cuestión planteada, respecto de algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, es preciso señalar que, sin perjuicio de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”.
Distintos miembros del Gobierno apoyaron al Presidente y criticaron a Bisordi en duros términos, pero fue Kirchner el que se ocupó de contestar directamente el comunicado de la Corte:
“Asumo la responsabilidad de las cosas que digo. No puedo ser hipócrita… cuando digo que se siente una falta de justicia no estoy interfiriendo con un poder de la Nación. Cuando uno habla de la “corporación justicia” invade poderes que no se pueden invadir. No quiero invadir poderes, hemos trabajado duramente para que haya una Corte Suprema independiente…. Cuando dicen que mis dichos son una desmesura, gracias a esa desmesura tenemos una nueva Corte, gracias a esa desmesura algunas cosas van cambiando en la Argentina … Creo que la desmesura es que hace cuatro años que estas causas están paradas; la desmesura es que los organismos de contralor que tienen que funcionar no hayan funcionado; la desmesura es que hay hermanos y hermanas que hace 31 años y más están esperando ver en el lugar que corresponde a aquellos que violaron todos los derechos humanos. ¿Y qué hay?”
En esa ocasión, el escándalo mediático fue mayor que con estas declaraciones, probablemente porque hoy en día la controversia fue tapada con una dinámica política de alto voltaje, en la que la noticiabilidad de la disputa Presidenta- Corte Suprema fue efímera. Sin embargo, creemos que es una buena ocasión para reflexionar sobre el tema, a la luz de la experiencia comparada y de nuestra propia experiencia reciente. Lo que la nota periodística de Silvana Boschi deja traslucir -más allá de la veracidad de las citas off the record– es una cierta incomodidad de la Corte Suprema con respecto al rol que le toca cumplir y la carencia de una política de comunicación institucional consolidada. El Tribunal parece apresado entre la necesidad de mostrarse como cabeza del Poder Judicial y salir a defender su independencia frente a los dichos presidenciales y su afán de preservarse de la batalla política que se viene desarrollando, cruentamente, en este comienzo del 2010. N0 da la sensación de que esté logrando el equilibrio que dice buscar, porque este responde a políticas de imagen institucional que distan de estar claras.
Fijemosnos en el caso americano. Podríamos calificarlo como un desliz, que lo único que demostró es porque la Corte Suprema de ese país no se los puede permitir. Un pequeño error y el escándalo mediático está a la orden del día. Pero la misma noción de error se construye contra la solidez de una política comunicación -con la que se puede estar de acuerdo o no- pero que está clara, es estable y es aceptada por todos sus miembros. No es lo que sucede en el caso argentino, donde los ministros gustan de interactuar con los medios a nivel individual, comprometiendo muchas veces la opinión de la Corte y donde hoy en día, a diferencia de hace tres años, no logran consensuar una posición común. En efecto, el anterior comunicado de la Corte pidiendo «mesura y equilibrio» contó con la unanimidad de sus miembros, éste sólo pudo reunir 6 de las 7 firmas. Un detalle anecdótico, se podrá decir, pero la solidez de una imagen institucional se construye a partir de esos detalles como bien pueden atestiguar los miembros de la Corte americana.
En síntesis, la Corte pareciera estar buscando su lugar a partir de un posicionamiento relativo a los otros actores del sistema en lugar de realizar una búsqueda consistente de su identidad institucional. Este mirarse en los otros poderes, si bien es indispensable para sobrevivir en la exigente escena política argentina, no puede ser el foco principal de su acción. La construcción de la identidad de la Corte Suprema debe ser uno de los objetivos primordiales de su reflexión y su comunicación institucional. Hasta el momento, la «nueva» Corte ha edificado una imagen en contraposición a la desprestigiada Corte del menemismo y se ha sustentado en el prestigio académico de sus nuevos miembros. Pero ese capital inicial debe ser revalidado y el cambio de contexto político exige una solidez que al Tribunal le cuesta encontrar. Por eso, debería comenzar una búsqueda de largo plazo en la que logre consolidarse, entre sus miembros primero y frente a la sociedad, después, como una institución con objetivos y modus operandi claros y consistentes. Como resultado final -nunca coyuntural-, ello traerá equilibrio y solidez a su posición constitucional.