Continuamos referenciando la obra del destacado jurista Luis Pásara sobre los sistemas de justicia en Latinoamérica. En nuestro primer post describíamos el sistema de justicia actual, como producto de un conjunto de actitudes históricamente condicionadas y profundamente enraizadas en cada sociedad. En esta segunda entrega observamos más de cerca el título de su obra, “Una reforma imposible…”, y revisamos en detalle las críticas que el jurista realiza a las últimas reformas en Latinoamérica.
En el inicio, el autor ofrece un “diagnóstico” sobre la justicia en Latinoamérica. Pásara afirma que “la debilidad central de la justicia latinoamericana reside en la eficacia de las normas: los jueces no garantizan el respeto y cumplimiento de derechos y deberes ciudadanos, pese a que están escritos en la Constitución y las leyes”. El aparato de justicia, a criterio del autor, padece una falla congénita de ineficacia. Pero su declaración no termina allí. El autor identifica con claridad dos obstáculos que constituyen la fuente de esa ineficacia: las trabas en el acceso a la justicia y la falta de independencia del órgano judicial.
Para concluir con esta descripción previa, Pásara agrega “la frutilla de la torta”. El autor pone de resalto la naturalidad con que los sistemas de justicia reaccionan frente a su propia ineficacia: “nuestros aparatos de justicia viven con naturalidad su ineficacia (cuyo efecto social consiste en una radical falta de respeto por la ley) que en otras partes se considera una anormalidad o una degeneración del funcionamiento de la justicia” “Los jueces latinoamericanos no comparten la idea de que el Derecho que no es eficaz…”.
Ya con su pastel completamente armado, Luis Pásara se dedica de lleno a analizar los intentos de reforma en Latinoamérica. El autor comienza con una comparación muy interesante de los contenidos de las reformas judiciales en toda Latinoamérica. Estos son algunos de los datos más sobresalientes:
- Doce países de la región han creado consejos de la judicatura o la magistratura, para hacerse cargo de todo o parte del proceso de nombramiento de jueces.
- En seis países de la región, la Constitución establece un porcentaje mínimo del presupuesto nacional que se dedicará al poder judicial.
- Casi todos los países han aumentado el número de tribunales, los sueldos de jueces, fiscales y defensores públicos, han creado escuelas judiciales y han introducido la informática y otras tecnologías.
- Quince países de la región han establecido la reforma procesal penal que ha sustituido el sistema de enjuiciamiento tradicional por un modelo de influencia estadounidense.
- En casi todos ellos se han establecido defensorías del pueblo o procuradurías de derechos humanos en miras a la atención de sectores populares.
Sin embargo, el autor afirma que la insatisfacción de los ciudadanos respecto del sistema de justicia persiste. La desconfianza de las sociedades latinoamericanas hacia el funcionamiento y las decisiones tomadas por los jueces se fundamenta, según Pásara, en las dos materias pendientes que él mismo nos anticipaba en su diagnóstico previo: la eficacia del sistema y la independencia judicial.
¿Serán estas dos cuestiones las que llevan al jurista a hablar de una “reforma imposible”? ¿Cuáles son las reformas que se han propuesto para resolver estas problemáticas?
Respecto a la falta de independencia, las reformas que han apuntado a este tema han buscado una solución a través de dos caminos: un cambio del diseño institucional del sistema o una modificación en el mecanismo de nombramientos judiciales. Sin embargo, Pásara no se muestra muy positivo al respecto. En principio, afirma que “…las reformas han atendido más a la independencia externa que a la independencia interna de jueces y fiscales”; y luego concluye que la reducción de la influencia política en los nombramientos judiciales todavía es un logro parcial. “…quienes controlaban las Cortes ahora controlan los Consejos a través de ‘sus representantes’ en esos nuevos órganos (…) lo central del nuevo sistema es la limitación —no eliminación— de los acuerdos políticos desembozados, y el pase de la discrecionalidad total de la política a una elección restringida”.
En relación a la ineficiencia del sistema, el autor aclara que este problema se suele confundir con una cuestión de recursos. Nuevamente, no se muestra muy convencido de la adecuación de las reformas producidas en relación a este tema: “el aumento del presupuesto y del número de órganos u operadores judiciales sólo da un alivio temporal a la carga judicial, pues pasado el momento inicial, sobreviene un nuevo crecimiento de la demanda, estimulada por las mejores condiciones de la oferta, y con ello, una nueva etapa de congestión y demora en la resolución.” A modo de ejemplo de los errores cometidos, se menciona la introducción del recurso informático en los órganos de justicia, la cual se hizo de modo parcial, mediante proyectos piloto o dando prioridad a las ciudades más grandes. A resultas de ello, quedaron perdidas todas las ventajas de la interconexión que proporciona un sistema informatizado. Por otro lado, el autor critica también la inclusión de los mecanismos alternativos (como la mediación y conciliación), en tanto el acuerdo arribado entre partes resulta permeable al poder relativo de cada una, resultando siempre en perjuicio de la parte más vulnerable.
De este modo, el autor demuestra los límites de aquellas reformas que han resultado en fracasos, a veces parciales, a veces totales. Durante toda la obra, se mantiene un alto nivel de detalle en el análisis realizado, e incluso el autor ofrece una síntesis del caso argentino en particular:
“si se mira por países el cuadro resultante de las reformas introducidas, se encuentra que Argentina mantiene altos niveles de impunidad, pese a las reformas en materia penal, no se constatan mejoras provenientes de una importante inversión en informatización del sistema, y la percepción de que las instituciones están politizadas se mantiene.”
Pero no todo es crítica. Más adelante, el autor propone algunas sugerencias para implementar una reforma del sistema de justicia de forma correcta. Para comenzar, Pásara propone realizar una primera depuración, identificando aquellos problemas específicos de la justicia que efectivamente dependen de políticas a ser adoptadas por el sistema:
“…el acceso ciudadano a la justicia resulta obstaculizado por una serie de factores: la carencia de recursos (…) la falta de información y conocimiento acerca del uso de los canales legales, el retraso y la corrupción en el funcionamiento (…) De cara a emprender reformas, la primera pregunta a plantearse es cuánto de este cuadro depende de las instituciones que en conjunto prestan el servicio de justicia en un país dado. Asuntos como la falta de educación ciudadana o las desigualdades sociales que se convierten en desigualdad ante la ley, trascienden los límites y posibilidades de la justicia…”
En segundo lugar, el autor sugiere delimitar qué es posible hacer o establecer los límites de aquello que es factible mediante un proceso de reforma. Para ello, se debe partir de un buen conocimiento de la realidad y trazar objetivos modestos en función de las posibilidades realmente existentes:
“los grandes cambios sociales son asuntos de naturaleza básicamente política y son resultado de luchas correspondientes a ese terreno. En su momento, los jueces pueden aportar la contribución que les corresponde en el campo jurisdiccional, pero no es razonable esperar de ellos que se conviertan en iniciadores y protagonistas del cambio político y social debido a que esta responsabilidad no se halla dentro de su función…”
En tercer lugar, postula una advertencia importante: se debe construir un proyecto de reforma propio, sin tomar modelos ajenos.
“cuando se trata de reformas atinentes al estado de derecho, el análisis y las soluciones propuestas deben diferenciarse en razón de tiempo y lugar particulares….”
En cuarto puesto, se aconseja elegir entre las diferentes vías de acción:
“la reforma de la justicia contiene opciones valorativas acerca de qué fines deben recibir prioridad (…), se puede dar mayor valor a la eficacia del sistema, a la capacidad de la judicatura para controlar los excesos en el ejercicio del poder, a la atención de un mayor número de conflictos (…) la reforma es siempre una propuesta política que atiende centralmente a ciertos objetivos e inevitablemente posterga otros.”
En quinto lugar, el autor nos aclara que no se puede esperar conseguir un consenso general sobre la propuesta de reforma:
“…la reforma, cuando aborda asuntos verdaderamente importantes y trascendentes, pasa por la modificación de los equilibrios de poder existentes en las instituciones del sistema y afecta intereses de diversos actores situados dentro y fuera de ellas; en consecuencia, es imposible que la reforma recabe el respaldo de todos ellos.”
En el sexto y último puesto, Pásara afirma que se debe limitar el alcance de las funciones judiciales:
“situar los objetivos de la justicia en el terreno de aquello que le corresponde: resolver conflictos entre particulares y asegurar la constitucionalidad y la legalidad en el desempeño gubernamental.”
Esta última sugerencia parece ser para el autor de la obra un punto fundamental. Pásara vuelve a insistir sobre este concepto en una entrevista realizada en su Perú natal, al explicar que “a veces se tiende a esperar de la justicia, de modo algo ilusorio, un papel redentor o purificador en sociedades que, en conjunto, se hallan en un proceso de degradación al que difícilmente el aparato de justicia podrá contrarrestar.”
Son palabras clave para reflexionar sobre los casos de reformas judiciales infructuosas en nuestro país. Son palabras clave, también, para repensar sobre las tantas movilizaciones públicas que hemos visto pasar, con aquellos carteles que dejan leer frases como “Justicia”. “Más justicia”. “Haya justicia”. “Queremos Justicia”. Después de todo, esas pancartas son expresión pura de la concepción popular sobre nuestro sistema de justicia y lo que se espera del mismo.
En síntesis, Pásara nos propone aprender de los errores. El primer paso será encontrar las problemáticas propias de nuestro sistema de justicia. Luego, podremos proponer un cambio, pero con cautela, pues hay “límites”. Será bueno, entonces, que ante la próxima propuesta de reforma (o nuestro próximo cartel) nos preguntemos si vamos en busca de una real Justicia o pedimos por un milagro.
Continuará…
